Se incrementarán los costos laborales por el pago de seguridad social, Infonavit y otras obligaciones patronales
Manuel Núñez
La inminente reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales ha encendido las alarmas en el sector empresarial de la frontera sur. Representantes de cámaras como Canacintra y Concanaco Servytur aseguran que la región no está en condiciones para implementar esta medida sin un acompañamiento fiscal y financiero que mitigue los efectos en la operación diaria de las empresas, especialmente en actividades agrícolas, agroindustriales, comercio y servicios.
Durante una reunión sostenida en la sede de Canacintra Tapachula, se hizo énfasis en que esta reforma obligará a contratar más personal para cubrir los días sábado y domingo, lo cual incrementará los costos laborales por el pago de seguridad social, Infonavit y otras obligaciones patronales. El aumento en la carga operativa ocurre en un contexto donde la escasez de trabajadores ya representa un obstáculo importante.
Los empresarios señalaron que los productos que se generan en esta zona son altamente perecederos y no pueden esperar periodos de inactividad prolongados. En consecuencia, reducir la jornada laboral y limitar la disponibilidad de trabajadores durante los fines de semana compromete la cadena productiva y de distribución, especialmente cuando se busca llevar productos al centro y norte del país.
El presidente de la delegación Tapachula de Canacintra, Abel Ruiz Méndez, expuso que los costos de traslado ya afectan la competitividad, y el nuevo esquema laboral agudizaría ese desequilibrio. Asimismo, destacó que muchas micro, pequeñas y medianas empresas podrían optar por la informalidad como única vía de subsistencia.
A nivel nacional, la postura ha sido replicada por 76 delegaciones de Canacintra y 114 ramas industriales, que han solicitado al gobierno federal que esta reforma se implemente de forma gradual y con estímulos fiscales, ya que las modificaciones fueron realizadas sin consulta ni previsión de impacto en las regiones más vulnerables.
Otro punto crítico es la falta de acceso a financiamiento. Desde el sector empresarial se ha insistido en que las políticas fiscales actuales limitan la capacidad de inversión y crecimiento, agravando aún más los efectos de medidas como la reducción de la jornada laboral.
En la reunión, también se abordó el impacto en sectores específicos como el restaurantero, donde los días de mayor actividad coinciden con los fines de semana. La modificación obligaría a replantear contrataciones y precios, afectando tanto a los negocios como a los consumidores. La informalidad, advirtieron, podría ser el camino inevitable para muchos establecimientos formales.
Se hizo un llamado a que el gobierno otorgue un trato similar al de la frontera norte, particularmente en el precio de los combustibles. Según se indicó, el costo de la gasolina en el sur es hasta 50% más alto, lo cual incrementa los gastos logísticos y reduce la competitividad en los mercados nacionales.
En materia de mano de obra, se explicó que muchos trabajadores migrantes que antes llegaban desde Centroamérica han dejado de venir debido a la devaluación del peso frente al dólar, lo que ha reducido el atractivo de los salarios locales. Se reconoció el esfuerzo del Instituto Nacional de Migración para facilitar la regularización laboral de extranjeros, pero se subrayó que los empresarios deben recurrir a esas instancias para formalizar a los trabajadores y atender la escasez.
Por último, se insistió en que, sin incentivos y una implementación progresiva, muchas empresas formales no resistirán el impacto del cambio. La falta de consulta y diagnóstico sobre las condiciones de regiones como Chiapas, dijeron los representantes empresariales, está colocando en riesgo a sectores que ya operan en condiciones desventajosas.
