Operativos en la Costa de Chiapas buscan frenar la delincuencia

Cada operativo es monitoreado por un fiscal del Ministerio Público Federal, quien da legalidad y certeza jurídica a las actuaciones

Carlos Mejía

Los retenes implementados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la región Costa y la frontera sur de Chiapas cuentan con sustento constitucional y se realizan de manera legal, con base en denuncias ciudadanas, informó la propia institución.

De acuerdo con la FGR, dichos dispositivos de revisión obedecen al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Ministerio Público y a las instituciones de seguridad pública para la investigación y persecución de delitos. Asimismo, están respaldados por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el Ministerio Público puede ordenar actos de investigación para la prevención y persecución de conductas ilícitas.

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Uno de los principales objetivos de los retenes es la revisión de vehículos transmigrantes, procedentes de Estados Unidos con destino a Centroamérica. La autoridad federal reveló que, en muchos de esos casos, las unidades cuentan con denuncias de robo en territorio estadounidense. En la Costa de Chiapas, tan solo en lo que va del año, se han recibido alrededor de 12 denuncias relacionadas con este delito.

El problema, precisó la dependencia, es que varios de los automotores robados logran ingresar a territorio mexicano y, una vez dentro, se reportan como robados, lo que genera la intervención de las autoridades federales.

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Otro hallazgo recurrente en estas revisiones es el trasiego de armas de fuego procedentes de Estados Unidos con dirección a la frontera sur, actividad ilícita que se investiga de oficio por tratarse de delitos federales.

Los retenes se ubican estratégicamente en la carretera costera y se instalan de manera intermitente para evitar que los presuntos responsables logren evadir la supervisión. Cada operativo es monitoreado por un fiscal del Ministerio Público Federal, quien da legalidad y certeza jurídica a las actuaciones.

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La FGR detalló que la existencia y funcionamiento de estos puntos de revisión fue informada de manera oficial a cónsules y personal diplomático acreditado en México de Guatemala, El Salvador y Honduras, a fin de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos de esas naciones que transitan por el país.

Con ello, la institución subrayó que los retenes no son arbitrarios, sino que responden a un mandato constitucional y a la necesidad de frenar el tráfico de vehículos robados y armas en la frontera sur de México.