Profepa inoperante ante extracción ilegal de material pétreo en el río Coatán
La extracción ilegal de material pétreo en la cuenca del río Coatán sigue en aumento, sin una respuesta efectiva de las autoridades
La extracción ilegal de material pétreo en la cuenca del río Coatán sigue en aumento, sin una respuesta efectiva de las autoridades

Marvin Bautista
Ante la imparable extracción de material pétreo en la cuenca del río Coatán, urgen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mano dura contra los responsables de esta actividad ilegal.
Vicente Castro Castro, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), dio a conocer que hasta ahora la Profepa y la Comisión Nacional del Agua han sido inoperantes en frenar este grave problema ambiental en las riberas del río Coatán.
Dijo que el pasado 14 de marzo la Profepa informó sobre la clausura de material pétreo en las márgenes del río Huixtla, sin embargo, estas acciones son mínimas ante la gran cantidad de lugares en donde se genera esta actividad en la Costa y Soconusco.

Señaló que tan solo en la cuenca del río Coatán, particularmente a la altura del libramiento sur de Tapachula, se ha convertido en un grave problema ambiental, ya que cualquiera se aprovecha de la ausencia de las autoridades para saquear a los ríos.
“A pesar de que la legislación exige regulaciones estrictas sobre esta actividad, la realidad es que muchas empresas por toda la costa chiapaneca operan sin los permisos adecuados, contribuyendo al saqueo indiscriminado de recursos naturales”, abundó.
Indicó que la extracción de arena y piedra en el río Coatán y demás afluentes de la Costa de Chiapas no es supervisada por ninguna autoridad, aun cuando estas no cuentan con las autorizaciones correspondientes.
Puntualizó que esta falta de control ha llevado a un aumento alarmante en el número de camiones pesados que, diariamente, transportan grandes cantidades de material extraído, alterando gravemente el cauce del río y poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de la región.

“La falta de supervisión gubernamental y la evasión de responsabilidades por parte de las autoridades han permitido que esta actividad ilícita se expanda sin control, ya que se dan los permisos sin hacer un estudio de impacto ambiental para conocer los riesgos y las acciones de mitigación de los mismos”, finalizó.