Sierra y Frontera de Chiapas bajo amenaza: el rostro de los desplazados

En Chiapas, miles salen cada año dejando atrás sus hogares, sus tierras, sus historias e identidades por diversos factores, siendo lo más reciente, la violencia

Alejandro Gómez

Frontera Comalapa, La Concordia, Chicomuselo, Pantelhó y Tila son los municipios de Chiapas en donde actualmente se registra el mayor número de personas desplazadas por balaceras, extorsiones, desapariciones y asesinatos.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Desplazamiento Interno y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el estado de Chiapas hay más de 3 mil personas desplazadas en esta condición.
Chiapas se encuentra entre los estados con más desplazados internos, con un estimado superior a 100 mil personas en la última década, así lo revela el Observatorio de Desplazamiento Interno.

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Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó más de 16 mil desplazamientos en la región Sierra y Frontera, además de 632 desapariciones forzadas. En La Concordia, tras el hallazgo de 15 cuerpos en fosas clandestinas, se reportaron al menos 10 mil personas desplazadas.

A estas cifras se suman aquellas que nunca serán contadas: personas que han huido sin denunciar, familias dispersadas, y menores que dejan de acudir a la escuela por miedo.

Los desplazados internos son víctimas invisibles de una violencia estructural, de una disputa de poder que se libra en las regiones Altos, Costa, Sierra y Frontera, así como de un Estado que, por acción u omisión, les ha fallado a miles de chiapanecos que han tenido que dejar sus tierras.

En la entidad, miles salen cada año dejando atrás sus hogares, sus tierras, sus historias e identidades por diversos factores, siendo lo más reciente, la violencia que desataron grupos del crimen organizado por la disputa del territorio fronterizo con Guatemala.

UNA HISTORIA QUE NO EMPEZÓ AYER

El desplazamiento forzado en Chiapas no es nuevo, ya que desde los años 70’s y con mayor intensidad tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, comunidades indígenas han sido expulsadas de sus territorios.

Los conflictos agrarios, religiosos y políticos, junto con la militarización, los proyectos extractivos y últimamente la violencia de grupos del crimen organizado, han sido causa constante de desarraigo.

Entre 1994 y 2000, se documentaron al menos 10 mil desplazados en municipios como Tila, Sabanilla y Palenque. Pero si algo ha cambiado desde entonces es la cara del enemigo: donde antes eran conflictos locales o estatales, hoy son las células del crimen organizado quienes buscan tener el control.

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CRIMEN ORGANIZADO Y DESPOJO

Desde el año 2021, Chiapas enfrenta una escalada de violencia provocada por la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa (CDS) y nuevos grupos como el autodenominado Cártel de Chiapas y Guatemala (CCHyG); los municipios de Frontera Comalapa, La Concordia, Chicomuselo, Pantelhó y Tila se convirtieron en territorios sin ley, donde las comunidades quedaron atrapadas entre balaceras, extorsiones, desapariciones y asesinatos.

Las organizaciones criminales buscan controlar rutas de tráfico de drogas, armas y personas, y no dudan en imponer su poder a cuestas de lo que sea, pues estos grupos han transformado radicalmente la vida rural chiapaneca.

Familias enteras abandonaron sus viviendas, sus cultivos, ranchos y su forma de vida por miedo a ser reclutados, asesinados o simplemente quedar en medio del fuego de los grupos del crimen organizado que controlan las rutas del sur.

EL ROSTRO HUMANO DEL DESPLAZAMIENTO

Detrás de cada cifra hay un nombre, una historia. Rufino, persona de la tercera edad tzotzil desplazada de Chalchihuitán, lo resume con voz firme: “El miedo hizo que saliéramos de Chiapas, el miedo hizo que corriéramos para Guatemala y dejamos todo tirado para proteger nuestras vidas”, platicó para Diario del Sur.

Comentó que muchas personas dejaron su comunidad por temor a que les ocurriera algo, pues las autoridades no hicieron nada para detener la violencia que generaban los grupos criminales.

Cristóbal, de la comunidad México Nuevo, mencionó que muchas personas se fueron hacia Guatemala debido al pleito entre grupos de la delincuencia en los límites de ambos países.

Señaló que vivieron olvidados en los momentos más difíciles por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, pues no hacían nada de lo que ahora realizan los Pakal.

“Muchas personas de los barrios y las rancherías salieron por miedo, no sacaron nada y en Guatemala nos regalaron ropa, comida. Además, había presencia de las autoridades”, externó.

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ESTADO AUSENTE ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, ACUSAN ASOCIACIONES

Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que el gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas estuvo marcado por la ausencia institucional y la falta de una respuesta efectiva ante la crisis de desplazamiento forzado interno en muchos municipios.
La situación de violencia en regiones como Los Altos de Chiapas y la frontera con Guatemala ha generado una crisis humanitaria prolongada, con consecuencias graves para cientos de familias indígenas y campesinas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que el gobierno de Rutilio Escandón fue ausente, pese a la creación de instancias como el Consejo Estatal de Atención al Desplazamiento Interno, que presume brindar apoyo médico y psicológico, pero en la práctica la atención fue limitada y muchas veces demasiado tardía.

“La atención institucional fue una simulación, pues no hubo mecanismos efectivos de protección ni voluntad política de garantizar el retorno seguro para las familias que huyeron a Guatemala, principalmente en los dos últimos años”, acusó el Frayba.

Además, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) Chiapas señaló que muchas autoridades locales están coludidas con los grupos criminales, ya que en los años 2021 a 2024 prevaleció la omisión del gobierno estatal, lo que marcó ese periodo por la falta de voluntad política para frenar la violencia y brindar seguridad a la población.

Las denuncias apuntan a una deuda pendiente por parte del gobierno anterior y exige que se tomen medidas reales y urgentes para atender el desplazamiento interno, así garantizar la seguridad y frenar la impunidad de grupos armados que continúan operando en la región.

DE ACUERDO A LAS ORGANIZACIONES ¿QUÉ SIGUE?

Chiapas vivió momentos críticos, pues la violencia y el desplazamiento se normalizaron e incluso se volvieron parte de la vida cotidiana mientras las instituciones parecían no tener la capacidad ni el interés de frenar la crisis.

En la actualidad se requiere de políticas públicas eficaces así como un censo nacional actualizado de desplazados, ya que de lo contrario sin justicia para las víctimas y sin frenar el crimen organizado, el panorama de desplazamiento puede seguir igual o incluso empeorar.

De acuerdo con las organizaciones sociales, los desplazados de Chiapas no buscan caridad ni discursos. Exigen su derecho a vivir, a regresar, a reconstruir lo que la violencia les arrebató y hasta que eso no suceda, seguirá habiendo miles de historias que gritan una verdad incómoda.