Denuncian el deterioro institucional en la atención a personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera entre México y Guatemala
Alejandro Gómez
El Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur (CMFS) advirtió sobre un acelerado deterioro institucional que afecta directamente a miles de personas migrantes y solicitantes de asilo en la frontera entre México y Guatemala.
En una masiva, señalan que la reducción operativa de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el rezago en los vuelos humanitarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y los desalojos forzados sin garantías mínimas reflejan una política migratoria basada en la omisión, la criminalización y el abandono.
De acuerdo con el monitoreo realizado por la organización, la reestructuración de la COMAR ha provocado la disminución del personal operativo, traductores y entrevistadores en Chiapas, lo que ha generado retrasos de hasta un año en los procedimientos de asilo.
Se acusa que en contravención a los plazos legales establecidos. Esta situación ha dejado a cientos de familias en condiciones de incertidumbre jurídica y precariedad social, principalmente en Tuxtla Gutiérrez, en donde los migrantes dormían en campamento desmantelado.
El colectivo también alertó sobre la proliferación de presuntas redes de corrupción al interior del sistema de asilo, ya que testimonios recabados refieren que abogados particulares ofrecen acelerar trámites a cambio de dinero, argumentando tener vínculos dentro de la COMAR.
Se señala que estas prácticas, normalizadas por la falta de alternativas institucionales, socavan la legalidad del procedimiento y vulneran aún más los derechos de quienes buscan protección internacional.
El Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur exigió a la Secretaría de Gobernación garantizar el funcionamiento adecuado de la COMAR mediante la asignación urgente de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades operativas. Además, solicitó la contratación de personal calificado (incluyendo traductores y entrevistadores), así como la investigación y sanción de los actos de corrupción denunciados por personas solicitantes.
Respecto a los vuelos humanitarios ofrecidos por el INM, el colectivo indicó que de febrero a junio de 2025 solo se han realizado siete vuelos, pese a que existe una lista de espera de aproximadamente 4,000 personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad extrema en ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
Detallan que hasta ahora, unas 2 mil 59 personas han sido trasladadas en estos vuelos, bajo criterios que calificaron como “opacos y discrecionales“, para algunas personas que esperan salir de Tapachula al centro o norte del país.
El colectivo denunció que este tipo de acciones no son hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática de criminalización, hostigamiento y despojo hacia personas en tránsito. Bajo discursos de “ordenamiento“ y “limpieza“, señalaron, las autoridades están profundizando la vulnerabilidad de personas que ya se encuentran en situación crítica.
Finalmente, el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur hizo un llamado urgente al gobierno federal para que se implemente un plan de atención humanitaria integral para personas migrantes desplazadas, fortalecer de forma real y transparente la respuesta institucional ante la creciente crisis migratoria en el sureste mexicano.
