Servidores públicos, principales agresores de trabajadoras sexuales en la frontera sur

73% de los actos de violencia física, psicológica y económica que enfrentan las trabajadoras sexuales provienen de funcionarios públicos, de acuerdo a Brigada Callejera

trabajadora sexual — Otra de las violencias que enfrentan las trabajadores sexuales, es la falta de acceso a los servicios de salud / Archivo / OEM

Marvin Bautista

De acuerdo con Brigada Callejera de apoyo a la mujer, 8 de cada 10 trabajadoras sexuales en la frontera sur son víctimas de violencia, afirmó, Elvira Madrid Romero, presidenta de esta organización.

Dijo que desafortunadamente, el 73 por ciento de los actos de violencia física, psicológica y económica que enfrentan las trabajadoras sexuales en la frontera sur provienen de servidores públicos, principalmente, de quienes se dedican a la impartición de justicia o del sector salud.

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Subrayó que por el trabajo que realizan, las mujeres llegan a ser maltratadas por los funcionarios públicos, les quitan el recursos que obtienen por su actitud o en busca de favores sexuales.

Señaló que muchas mujeres han denunciado sufrir golpes y empujones provocados por policías en operativos, lesiones intencionales provocadas en la revisión médica o las heridas provocadas por su pareja sentimental o cliente, tales como fracturas, quemaduras, ahorcamiento, envenenamiento o acuchillamiento, entre otros.

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“Las trabajadoras sexuales reciben maltrato verbal, descrédito como señalar que una trabajadora vive con VIH, deshonra o menosprecio al señalar que las “prostitutas” no valen nada, maltrato de personal del DIF al señalar que las “sexoservidoras” son incapaces de garantizar el cuidado que requieren sus hijos e hijas menores de 12 años, negligencias en la atención médica como enviarlas a laboratorios particulares donde les aplican pruebas rápidas sin registro sanitario o de dudosa procedencia”, abundó.

Indicó que Brigada Callejera ha denunciado de manera constante que en algunos lugares se les obliga a las trabajadoras sexuales a realizarse la prueba en laboratorios privados que son muy costosos y a veces son de propiedad de funcionarios públicos, de familiares, prestanombres y no hay los centros de salud o los hospitales de la red hospitalaria estatal de acceso gratuito.

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Expresó que otro tipo de violencia que enfrentan las trabajadores sexuales es la falta de acceso a los servicios de salud de tercer nivel o que por su situación laboral son discriminadas en los servicios públicos de atención sanitaria.

“Con el objetivo de mitigar la violencia que se ejerce a las trabajadoras sexuales al no otorgar servicios de salud de calidad por parte del Estado, hemos capacitado a trabajadoras sexuales como promotoras de salud para crear una cultura del autocuidado de la salud”, acotó.