Violencia contra menores alcanza cifras récord: 734 asesinatos en ocho meses

El aumento de asesinatos de niñas, niños y adolescentes obedece a una combinación de factores estructurales y del crimen organizado

cinta amarilla — la violencia contra menores es el reflejo más claro de que las políticas de seguridad continúan siendo insuficientes / Ilustrativa / Pixabay

Marcia Ramos / Diario del Sur

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de mayo de 2025, en México fueron asesinados 734 menores de edad, un promedio de uno cada ocho horas, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El dato incluye homicidios dolosos y feminicidios de víctimas de entre 0 y 17 años, y representa un incremento de 9.1% respecto al mismo periodo anterior, cuando se registraron 673 asesinatos de menores.

La cifra resulta especialmente preocupante porque, durante los ocho meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se rebasó prácticamente el total de víctimas infantiles de todo el periodo civil inmediato anterior.

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En contraste, octubre de 2024, primer mes completo del actual sexenio, se convirtió en el mes con menos homicidios dolosos desde 2017, con un promedio diario de 75.3 asesinatos. Además, en términos generales, los homicidios dolosos se redujeron en 24.9% entre octubre de 2024 y abril de 2025, al pasar de 86.9 a 65.3 asesinatos al día.

Sin embargo, mientras la violencia letal total muestra una tendencia a la baja, los homicidios contra menores de edad no solo no disminuyeron, sino que aumentaron significativamente. Este contraste ha generado inquietud en organizaciones civiles y especialistas.

Posibles factores detrás del incremento

Diversos analistas y colectivos de defensa de derechos de la infancia han señalado que el aumento de asesinatos de niñas, niños y adolescentes obedece a una combinación de factores estructurales y del crimen organizado:

Reclutamiento criminal activo de menores por parte de cárteles, quienes aprovechan su vulnerabilidad jurídica, la facilidad de manipulación y la expectativa de penas reducidas.
Políticas de combate militarizado, que han derivado en detenciones masivas y un entorno de violencia en comunidades donde viven miles de menores. Entre 2018 y 2024, más de 2,400 adolescentes fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Descomposición comunitaria y la ausencia de redes de protección social efectivas, que dejan a niñas y niños expuestos a entornos de violencia doméstica, abandono escolar y reclutamiento delincuencial.
Estrés social y la precariedad económica que agravan la exposición de la niñez a entornos criminales.

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El gobierno federal, por medio de la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa, ha subrayado que la reducción de casi un cuarto en la cifra general de homicidios dolosos representa un logro importante de la nueva estrategia de seguridad.

No obstante, organizaciones como Causa en Común han expresado reservas sobre la veracidad de estos avances, al denunciar posibles maniobras de reclasificación de delitos para mostrar una disminución artificial en los indicadores oficiales. Estas organizaciones señalan que la violencia contra menores es el reflejo más claro de que las políticas de seguridad continúan siendo insuficientes y que la violencia persiste en zonas vulnerables.

Desde la sociedad civil y organismos de derechos infantiles se insiste en la urgencia de articular una estrategia integral que incluya prevención del reclutamiento forzado, programas de atención psicológica y social, reforzamiento de políticas de protección a la infancia y una investigación efectiva de los crímenes cometidos contra menores.

Aunque las autoridades presumen avances globales en materia de homicidios dolosos, la realidad muestra que niñas, niños y adolescentes siguen siendo víctimas frecuentes de violencia letal: en promedio, 2.6 menores asesinados cada día. Esta estadística evidencia una falla estructural grave en la protección de la infancia, sin que los descensos generales de violencia beneficien a los sectores más vulnerables.

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Hacia una respuesta efectiva

Expertos coinciden en que revertir esta tendencia requiere acciones puntuales:

Atención especializada en zonas de alto riesgo, con énfasis en la protección de niñas y adolescentes.
Programas de prevención y protección social que garanticen acceso efectivo a salud, educación y vivienda.
Investigación y sanción ejemplar del reclutamiento, desaparición y asesinato de menores de edad por parte del crimen organizado.

La persistencia de estas cifras coloca a México ante un desafío moral y social de grandes dimensiones: proteger la vida de su infancia en medio de la crisis de violencia más prolongada de su historia reciente.