En los Estados Unidos existe una ley desde 1996 que le otorga al gobierno la facultad de elaborar una Lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) con la finalidad de identificar, perseguir y sancionar a quienes la integran.

Esta lista es administrada por el Departamento de Estado y en la actualidad la integran 74 personas o grupos que de alguna manera representan una amenaza para la seguridad nacional de aquél país.

En ella podemos encontrar desde Sendero Luminoso en Perú, las FARC en Colombia, Hamás en Palestina o las yihadistas Estado Islámico y Al Qaeda.

La intención del gobierno de los Estados Unidos de incluir en esa lista a los cárteles de la droga mexicanos no es nueva, forma parte de una estrategia de seguridad impulsada por el partido republicano hace más de una década.

El Secretario de Estado Marco Rubio anunció que serán ocho organizaciones criminales transnacionales las que buscarán declarar como organizaciones terroristas, de las cuales cinco son mexicanas: el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Cartel del Noreste y los Carteles Unidos, a los que se sumarían el Tren de Aragua de Venezuela, la MS13 -mejor conocida como mara salvatrucha, fundada en Estados Unidos pero de origen salvadoreño- y el Clan del Golfo, el más importante grupo criminal colombiano de la actualidad.

Para que estas organizaciones puedan ser declaradas como terroristas deben cumplir con ciertos requisitos como ser de orígen extranjero, participar en actos de terrorismo o tener intención de hacerlo y ser una amenaza latente para la seguridad, la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos estadounidenses.

Para el gobierno de los Estados Unidos, estos grupos representan una mayor amenaza a la seguridad que el crimen organizado tradicional por lo que buscarán su eliminación total, comenzando por imponer sanciones económicas a los grupos, personas, gobiernos o entidades vinculadas con ellos.

Aunque en el pasado se intentó -sin éxito- lograr esa declaración, ahora con más de 100 mil muertes al año de ciudadanos norteamericanos a causa del fentanilo, se ha vuelto a considerar como una prioridad bajo el argumento de que los carteles mexicanos han matado a más estadounidenses que cualquier organización terrorista del mundo.

Esto le estaría dando al gobierno de los Estados Unidos facultades prácticamente ilimitadas para actuar en contra de ellas y poder incautar sus bienes, cuentas bancarias, empresas que laven su dinero, acusar a políticos corruptos o incluso justificar algún ataque o intervención armada.

Esta administración de Donald Trump ve con más confianza al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que al de su antecesor, les transmite una mayor seriedad y compromiso en cuanto a las acciones emprendidas de seguridad y combate al crimen organizado. Paro más allá de que se pretenda el desmantelamiento de los grandes grupos criminales y la efectiva disminución de la violencia en nuestro país, este será también oficialmente, el inicio del terrorismo mexicano. Al tiempo.