El show no debe continuar si la seguridad no está garantizada.
Porque la vida de nadie —ni la de quienes pagan un boleto, ni la de quienes documentan lo que ocurre— debe estar en riesgo por un espectáculo mal planeado.
Ya es momento de entenderlo: la música une, emociona y nos da vida… pero nunca debe quitárnosla.
El pasado sábado, en medio de una jornada que prometía grandes momentos musicales, dos personas perdieron la vida mientras cubrían el festival Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Una estructura metálica decorativa, colocada en una grúa que no fue reportada a las autoridades, según se indica, colapsó cerca del escenario principal, justo cuando arrancaba el primer día de conciertos. La reacción inmediata no fue la suspensión del evento. El festival continuó. El ritmo siguió. Las luces no se apagaron. Solo hasta que la presión mediática creció, llegó la suspensión y ahora más la atención pública.
Esta tragedia no puede pasar como una nota más ni diluirse con mensajes de condolencia en redes sociales. Es momento de hablar con seriedad, sin amarillismo, pero con la firmeza que la situación exige: los conciertos y festivales en México –y en muchas partes del mundo– se han convertido en eventos de alto riesgo, no por su naturaleza, sino por la falta de protocolos verdaderamente rigurosos, integrales y ejecutados por profesionales en cada etapa.
Un festival no es solo un escenario, luces y música. Requiere planeación técnica rigurosa que contemple muchas áreas críticas. Menciono solo algunas: expertos en estructuras temporales, equipos de seguridad capacitados para el manejo de multitudes, rutas de evacuación bien trazadas, cuerpos de emergencia visibles y activos, permisos en regla, y revisiones constantes. Pero estos son solo ejemplos de una lista mucho más amplia. La seguridad no puede ser fragmentada ni improvisada. Cada elemento debe formar parte de una red integral de protección pensada para salvaguardar la vida y bienestar de todas las personas presentes: asistentes, medios, artistas, staff y proveedores. Este compromiso no es opcional; es una responsabilidad compartida entre organizadores y autoridades, y debe cumplirse con rigor absoluto.
Lo ocurrido con Berenice Giles y Miguel Hernández, dos profesionales que amaban su trabajo y que estaban ahí haciendo lo que más les gustaba, desnuda un patrón alarmante: los eventos masivos muchas veces operan bajo una lógica de improvisación y desdén hacia lo que se considera “detalle operativo”. Y cuando se omite lo esencial, como en este caso, las consecuencias son fatales.
No basta con revisar un recinto un día antes. No es suficiente firmar papeles ni contar con permisos si después, durante el desarrollo del evento, se instalan grúas que nadie autorizó. La improvisación cuesta vidas. Y cuando esa omisión ocurre en un espacio con más de 100 mil asistentes, no estamos hablando de accidentes: estamos frente a negligencia.
¿Quién es responsable? Todos. Los organizadores, por no cumplir con el protocolo completo ni notificar el uso de maquinaria peligrosa. Las autoridades, por no mantener una supervisión constante. Y nosotros como sociedad, si permitimos que este tipo de situaciones se repitan sin exigir rendición de cuentas.
Este caso debe marcar un antes y un después en la forma en que se organizan espectáculos en nuestro país. Es momento de levantar la voz para que cada evento de este tipo cuente con personal certificado, peritajes técnicos firmados por expertos en estructuras, simulacros reales y equipos de protección civil integrados desde la planeación hasta el desmontaje. No se trata de poner trabas ni de frenar la cultura y el entretenimiento, sino de blindarlos con responsabilidad.
