Finalmente, las y los diputados de la LXI Legislatura lograron sortear el pasmo provocado por la elección de la Mesa Directiva y desde el 7 de octubre, se instaló la nueva dirigencia legislativa. Tal como lo han expresado su presidenta, la diputada Georgina Guzmán, y su primer secretario, el diputado Arturo Maximiliano García, uno de sus principales objetivos será acelerar el procesamiento de las iniciativas acumuladas durante las dos mesas directivas anteriores. Su compromiso es claro: normalizar el trabajo legislativo y recuperar el ritmo en la producción de leyes que garanticen una convivencia democrática y justa para la sociedad queretana.
Entre las múltiples iniciativas que permanecen en la “congeladora legislativa” durante este primer año, destaca el paquete de cuatro iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las 153,753 personas que integran la población LGBTIQ+ en el estado de Querétaro.
La iniciativa de ley que busca el reconocimiento y atención integral de dicha población cumplirá un año en la congeladora este próximo 10 de diciembre. Las dos iniciativas que pretenden reformar el Código Civil para que las personas trans y no binarias puedan acceder plenamente a su derecho a la identidad cumplirán un año en la congeladora el próximo enero. Asimismo, continúa sin avanzar la iniciativa para eliminar los impedimentos discriminatorios que aún existen en el código civil del Estado y que obstaculizan el derecho de todas las personas a contraer matrimonio libremente, manteniendo una indebida intromisión del Estado en una decisión privada, libre e informada entre quienes deciden formalizar su unión civil.
Resulta imperativo que la sociedad queretana comprenda que estas iniciativas no buscan privilegios, sino igualdad sustantiva. Buscan sacar a Querétaro de los últimos lugares en materia de reconocimiento de derechos humanos y asegurar que todas las personas —sin importar su orientación sexual o identidad de género— puedan vivir con dignidad, libertad y certeza jurídica.
Querétaro no puede seguir siendo “farol de la calle y oscuridad de su casa”. Nos proyectamos como un polo de desarrollo económico, un estado de oportunidades, pero seguimos sin garantizar los derechos fundamentales de quienes aquí viven. Esa contradicción erosiona la credibilidad de nuestras instituciones y la promesa de un futuro mejor para todas las familias, incluidas las LGBTIQ+.
En este contexto de desigualdad normativa, la nueva Mesa Directiva de la LXI Legislatura tiene una responsabilidad histórica: saldar la deuda pendiente con la población LGBTIQ+ y avanzar hacia la igualdad sustantiva, como ya se ha hecho con otras poblaciones de atención prioritaria. Las niñas, niños y adolescentes cuentan con el SIPINNA; las juventudes, con los Institutos de la Juventud; las personas mayores, con los centros de atención del DIF; y las poblaciones indígenas, migrantes y personas con discapacidad disponen de políticas públicas específicas. En cambio, la población LGBTIQ+ queretana carece aún de un marco institucional de atención.
Por ello, solicitamos respetuosamente a la nueva Mesa Directiva de la LXI Legislatura, y en particular a su presidenta, la diputada Georgina Guzmán, mujer joven y empática, que impulse con decisión el dictamen de las iniciativas en curso, de modo que puedan ser discutidas y votadas antes de concluir el año 2025.
Querétaro no puede seguir manteniendo un doble rasero legal que condene a su población LGBTIQ+ al desamparo institucional y a una vida marcada por la desigualdad jurídica. Es momento de que el Poder Legislativo actúe con visión de Estado y con perspectiva de derechos humanos, para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con libertad y dignidad, contando con el respaldo decidido de las instituciones públicas.
