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Querétaro, 29 de marzo de 2026
Luego de mes y medio de huelga en la administración municipal de Cadereyta, la alcaldesa ha optado por organizar una marcha hasta la ciudad de Querétaro, argumentando cerrazón por parte del gobierno estatal. Asegura que no existen intenciones de resolver el problema, a pesar de las reuniones que ha sostenido la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín y con las partes involucradas del sindicato que tampoco muestra ganas de negociar.
Sin embargo, en este escenario hay responsabilidades que no se pueden dejar de mencionar; la alcaldesa insiste en que el gobierno estatal debe intervenir de manera más enérgica, exigiendo a la líder sindical que levante la huelga; no obstante, la realidad jurídica es clara: la responsabilidad de negociar y resolver el conflicto recae en la administración municipal, mientras que la Secretaría del Trabajo solo funge como facilitadora y mediadora. No es facultad del gobierno estatal imponer una solución unilateral, sino propiciar el diálogo entre ambas partes.
La alcaldesa parece más interesada en el espectáculo mediático que en una resolución efectiva del problema; la movilización que encabeza no ofrece soluciones reales, solo distrae de la incapacidad para pactar con el sindicato y encontrar una salida viable. Mientras tanto, el municipio permanece paralizado, los servicios públicos están afectados y la población sigue pagando las consecuencias de una administración que no demuestra voluntad de gobernar con seriedad.
El conflicto no es nuevo, se arrastra desde administraciones pasadas y refleja una falta de planeación financiera en la gestión municipal; el lugar de asumir su papel y encontrar mecanismos de pago o acuerdos que permitan salir del estancamiento, la alcaldesa elige la confrontación pública como estrategia.
Para sumar más ingredientes a este enredo, personajes con un historial belicoso con el gobierno estatal han decidido subirse al barco de la protesta. Figuras como Fernando Flores, regidor del municipio de Querétaro, y el diputado federal Gilberto Herrera, señalado como el posible autor intelectual de varios conflictos (no digo que este) posiblemente estarán presentes pero poco o nada aportan a la solución.
Al final, lo único seguro es que los habitantes de Cadereyta continúan viendo pasar los días sin soluciones. La esperanza de un gobierno eficiente se diluye entre marchas, declaraciones incendiarias y la evidente falta de liderazgo para enfrentar la crisis con seriedad. La política y el espectáculo han tomado el lugar del deber gubernamental, dejando en el limbo a un municipio que merece más que propaganda y simulaciones.
La diputada Andrea Tovar, continuará al frente de la mesa directiva de la legislatura local y la intención es la aprobación de la reforma judicial y es que parece que hay visos de negociación entre las diferentes fuerzas políticas. La continuación serán solamente los primeros días de abril.
