Ya le entró hasta Alejandro Pérez, secretario de Morena en Querétaro, ha llamado a la flexibilidad y al diálogo. Tanto el gobierno estatal como los actores locales tienen la oportunidad de demostrar que en Querétaro se privilegia el diálogo sobre la confrontación.
Nadie que competía por la presidencia municipal de Cadereyta en las pasadas elecciones del 2024 desconocía el problema que se enfrentaba por laudos laborales heredados y los problemas con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Cadereyta; los competidores sabían de esa bola de nieve que viene creciendo desde hace años en ese ayuntamiento; ignorar el problema era cómo buscar generar conflicto y llevarla así.
La huelga de trabajadores en Cadereyta ha puesto sobre la mesa un problema que trasciende lo meramente sindical: la falta de diálogo efectivo entre las autoridades municipales y los trabajadores. Más allá de los 52 millones de pesos que se mencionan en la discusión, lo que realmente está en juego es la gobernabilidad y la capacidad de las partes involucradas para encontrar una solución.
El gobernador del estado, Mauricio Kuri, ha sido claro al afirmar que no permitirá que este conflicto se politice. Sin embargo, en una situación como esta, donde se cruzan intereses laborales y decisiones administrativas, es inevitable que el tema se vuelva un foco de atención política. La negativa de la alcaldesa Astrid Ortega a participar en mesas de conciliación organizadas por la Secretaría del Trabajo estatal es una señal preocupante de cerrazón, que solo contribuye a radicalizar el proceso y quererlo llevar al terreno de los histriónico con negociaciones en una plaza pública en con el “pueblo” de testigo.
La dirigente sindical Alejandra Vega Ortiz ha insistido en la necesidad de revisar el pliego petitorio de 57 puntos para destrabar el conflicto; sus declaraciones dejan claro que no se trata únicamente de una exigencia económica inmediata, sino de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales.
La negativa del sindicato a acudir a la carpa instalada en el jardín principal es comprensible, pues temen que el proceso se convierta en un espectáculo de circo más que en una verdadera negociación; la negativa de la autoridad municipal de no acudir con las autoridades de la secretaría del trabajo, esa no es entendible.
La ley contra nepotismo será hasta el 2030 pero el PAN ya lo tenía claro de no hacerlo en 2027 y es que en el reciente proceso electoral aprendió la lección con la postulación de tres candidaturas que se transfirieron a parientes y las tres las perdieron: Tolimán, Tequisquiapan y Landa de Matamoros, fueron los descalabros donde las candidaturas fueron para hermanos de los presidentes municipales en funciones y todo fue un rotundo fracaso.
