Hay puntos que generan consenso social. La reducción o eliminación de las plurinominales es uno de ellos. Muchos ciudadanos consideran que el sistema es costoso y distante. Quitar privilegios y adelgazar estructuras tiene respaldo. En eso existe coincidencia amplia.

Pero una reforma no puede limitarse a lo popular. El debate no debería centrarse solo en el número de legisladores, sino en la limpieza del sistema electoral. Y ahí es donde el proyecto se queda corto.

México arrastra un problema estructural en el financiamiento político. Las campañas suelen costar más de lo que oficialmente reportan. En cada proceso electoral resurgen señalamientos sobre el ingreso de dinero de procedencia ilícita.

La fiscalización actual es lenta y administrativa. Las multas se pagan con financiamiento público y rara vez implican consecuencias políticas definitivas. El mensaje es ambiguo: se castiga, pero no se inhibe.

Reducir plurinominales puede responder a una demanda ciudadana. Pero si el dinero ilegal continúa encontrando espacio en las campañas, el problema seguirá intacto. La representación puede ajustarse; la legitimidad depende de la limpieza del proceso.

La complejidad normativa tampoco ayuda. Una reforma que requiere especialistas para entenderse alimenta desconfianza. La democracia necesita reglas claras, no laberintos técnicos.

La pregunta no es si la reforma cumple políticamente. La pregunta es si fortalece la confianza ciudadana. Y esa confianza depende menos del número de legisladores y más de una garantía básica: que ningún partido ni candidato podrá competir con dinero criminal.

Sin esa certeza, cualquier cambio corre el riesgo de ser superficial. La democracia no necesita más confusión. Necesita claridad, transparencia y consecuencias firmes.