Desde la iniciativa privada se insiste en una pregunta que incomoda, pero que debe formularse: ¿cómo exigir más productividad, más formalidad y más inversión a las empresas, si el propio Estado no garantiza legalidad, eficiencia ni certeza?
El 2025 evidenció una paradoja que ya no puede seguir normalizándose: desde el gobierno federal se exige cada vez más a las empresas —empleo, salarios, inversión, formalidad, cumplimiento, contribuciones— mientras se debilitan o se omiten las condiciones mínimas que hacen posible responder a esas exigencias. Esta contradicción no es menor, y fue uno de los ejes centrales de los posicionamientos de COPARMEX Nacional, encabezados por nuestro presidente Juan José Sierra Álvarez.
Uno de los mayores focos de preocupación fue la defensa del Estado de Derecho, particularmente frente a las reformas al Poder Judicial y a la Ley de Amparo. COPARMEX advirtió con claridad que debilitar la independencia judicial y acotar los mecanismos de defensa legal no fortalece al Estado, lo debilita. La pregunta es inevitable: ¿cómo se le pide a las empresas que inviertan a largo plazo, que arriesguen capital y que generen empleo formal, cuando se reducen los contrapesos que garantizan reglas claras y previsibles? La certeza jurídica no es una demanda sectorial; es una condición estructural del desarrollo. Sin ella, no hay inversión sostenida ni crecimiento posible.
El tema de la informalidad expuso con crudeza esta incoherencia. En México, en promedio, más del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad, de acuerdo con cifras del INEGI. Es decir, más de la mitad del país productivo opera fuera de la seguridad social, del crédito y de la legalidad. Desde el discurso federal se exige formalidad, pero no se desmontan las causas que la hacen inviable: trámites excesivos, costos regulatorios elevados y una carga administrativa que castiga al pequeño empresario. En Querétaro la informalidad se mantiene alrededor del 41%, una de las tasas más bajas del país. Esto no es casualidad. Es resultado de una visión que entiende que formalizar no es perseguir, sino facilitar: mejora regulatoria, digitalización de trámites, acompañamiento empresarial y una narrativa institucional que reconoce a la empresa como aliada del desarrollo. Aún hay mucho por mejorar, pero la lección es clara: cuando el Estado hace su parte, la empresa responde.
Otro eje crítico fue la corrupción, uno de los mayores lastres para la productividad y la inversión. COPARMEX ha sido consistente en denunciar que la corrupción no solo indigna; encarece la operación, distorsiona la competencia y desalienta la formalidad. No se puede hablar de crecimiento cuando persisten prácticas discrecionales, opacidad y falta de consecuencias.
Aquí también Querétaro ofrece un contraste relevante. Desde la Contraloría del Estado, se han impulsado acciones concretas para fortalecer la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas, así como mecanismos de control interno, seguimiento de responsabilidades administrativas y profesionalización del servicio público. Estos esfuerzos no son menores: construyen confianza, reducen espacios para la corrupción y generan un entorno más predecible para la inversión
La respuesta no puede ser la resignación ni el repliegue. Cuando el Estado deja de cumplir su función esencial, la sociedad no puede normalizar el deterioro. A los ciudadanos les corresponde exigir cuentas, participar, votar con información y no premiar la opacidad, la improvisación ni la corrupción. La indiferencia también tiene costo económico y social. Al empresariado le toca algo más que resistir. Toca alzar la voz, defender la legalidad, exigir instituciones que funcionen y rechazar cualquier atajo que normalice la destrucción del Estado de derecho. Callar por conveniencia es, en los hechos, aceptar reglas que destruyen valor y futuro. Revertir esta situación exige ciudadanos activos y empresas firmes. No hay crecimiento sostenible sin legalidad, ni bienestar posible sin instituciones fuertes. El desarrollo no se improvisa, ni se realiza por decreto: se construye y se defiende. Ese es el verdadero reto y también la responsabilidad compartida de este momento histórico.
