Si hubo un factor que impactó a la actividad empresarial durante 2025 ese fue la inseguridad, y entre los delitos que el gobierno federal ha sido incapaz de contener y que hoy opera como un impuesto criminal sobre miles de empresas en el país, está la extorsión. Este fue uno de los reclamos más firmes que realizamos en Coparmex, encabezados por nuestro presidente nacional Juan José Sierra Álvarez.
Los datos son contundentes. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión ha mantenido una tendencia creciente a nivel nacional, con incrementos sostenidos en denuncias formales, aun reconociendo que se trata de uno de los delitos con mayor cifra negra.
Las preguntas que el discurso oficialista ignora son: ¿Cómo se le exige al empresariado que invierta, genere empleo formal y aumente productividad, cuando el Estado no puede garantizar lo más básico: seguridad para producir, distribuir y comercializar? ¿Cómo puede hablarse de desarrollo económico y social donde el impuesto más eficiente es el que cobra el crimen ante la ausencia del Estado?
En Coparmex hemos sido claros: la inseguridad no es un problema social aislado; es un freno directo a la inversión, a la formalización y al crecimiento económico. Empresas que operan bajo amenaza reducen inversiones, evitan expandirse o, en el peor de los casos, regresan a la informalidad para sobrevivir. Exigir más empleo formal en este contexto, sin una política federal eficaz contra la extorsión y la impunidad, es una contradicción insostenible.
Mientras que en el ámbito federal se normaliza la violencia, se minimiza la extorsión y el promedio nacional de homicidios dolosos se mantiene en niveles elevados, en Querétaro , en contraste, se registra consistentemente una de las tasas más bajas del país, muy por debajo de la media nacional. Esto no es resultado del azar, sino de decisiones institucionales sostenidas.
Querétaro cuenta con corporaciones policiales profesionalizadas, con procesos permanentes de evaluación, certificación y capacitación. La Policía Estatal ha sido reconocida por sus estándares operativos y por contar con acreditaciones nacionales e internacionales, reflejo de una apuesta clara por la profesionalización y el uso de inteligencia. A ello se suma una fiscalía general del Estado con capacidades técnicas sólidas, procesos claros y resultados medibles, que ha permitido mejorar la investigación y la judicialización de delitos. El sistema penitenciario de Querétaro también marca diferencia. Con centros evaluados y certificados bajo estándares nacionales e internacionales, el estado ha apostado por infraestructura, control, reinserción y gobernabilidad penitenciaria, evitando que las cárceles se conviertan en centros de operación criminal, como ocurre en otras regiones del país.
En el terreno laboral, la inseguridad y la extorsión no solo dañan a las víctimas directas, sino que castigan la formalidad de la actividad productiva, minan la confianza y con ello debilitan la economía. Coparmex lo advirtió en las mesas de trabajo sobre la jornada laboral de 40 horas: no se puede cargar simultáneamente a las empresas con mayores costos laborales y con el costo de la inseguridad, sin políticas públicas que las acompañen y protejan. Nuestra Confederación Patronal sostuvo que mejorar las condiciones de trabajo es legítimo, pero hacerlo sin garantizar el Estado de Derecho, certidumbre a la inversión, y acciones concretas que fortalezcan el desarrollo de las mipymes pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios.
