La voz de la IP / Prospectiva 2026. Crecimiento estancado y un Estado que sigue pidiendo sin corregir

México llega a 2026 desde un punto delicado: un crecimiento económico en 2025 prácticamente nulo, cercano a cero. No se trata de una cifra aislada ni de un tropiezo coyuntural. Es el reflejo acumulado de decisiones político-económicas erráticas, de señales contradictorias hacia la inversión y de un Estado que ha preferido exigir esfuerzos al sector productivo sin asumir su propia responsabilidad estructural.

Desde Coparmex Nacional, encabezada por Juan José Sierra Álvarez, el diagnóstico ha sido claro y reiterado: el estancamiento económico no es casualidad, es consecuencia directa de debilitar la certeza jurídica, tolerar la inseguridad, postergar reformas que impulsen productividad y cargar a las empresas con costos crecientes sin políticas públicas que las acompañen. En Coparmex promovemos, desde nuestro Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), el empresariado consciente y corresponsable de su impacto comunitario, pero el bajo crecimiento de 2025 es una alerta seria. Cuando la economía no crece, se complican los márgenes para ampliar el empleo formal y reducir la desigualdad. Aun así, desde el gobierno federal se insiste en pedir más: más empleo, más impuestos, más cumplimiento, más responsabilidad social. Preguntas inevitables: ¿cómo crecer si se desalienta la inversión?, ¿cómo formalizar si se encarece operar?, ¿cómo competir si no hay certeza ni seguridad?

El primer gran reto de 2026 será enfrentar las consecuencias de la revisión del T-MEC, un proceso que marcará el rumbo económico inmediato. Coparmex ha advertido que México no puede llegar a esa revisión con un Poder Judicial debilitado, una Ley de Amparo acotada, ni con señales de discrecionalidad institucional. La competitividad regional no se sostiene con discursos soberanistas, sino con reglas claras, respeto a los contratos y confianza en las instituciones. Si México llega debilitado, perderá inversión frente a otros países que sí ofrecen certidumbre.

El segundo reto es la seguridad. La extorsión y la impunidad siguen siendo uno de los mayores inhibidores de inversión. Ninguna estrategia económica será viable mientras miles de empresas sigan operando bajo amenaza. Coparmex ha sido contundente: no se puede pedir productividad en un entorno donde producir implica riesgo. La paz para invertir no es un privilegio, es una obligación del Estado.

Por otra parte, la Reforma Fiscal 2026 impone una vigilancia digital extrema y sanciones severas, como procesos penales exprés por errores administrativos, lo que se percibe como una “criminalización” del contribuyente formal. Este endurecimiento de la fiscalización genera un fuerte reclamo de impunidad selectiva: mientras el SAT endurece su control sobre las empresas legalmente constituidas, el crimen organizado y las redes de corrupción operan con una libertad que el Estado no logra frenar. La disparidad es clara: el empresario enfrenta el riesgo de cárcel por discrepancias fiscales, mientras que la violencia y el lavado de dinero de la delincuencia organizada persisten bajo una estructura de justicia que los sectores productivos califican de ineficiente y desigual.

El tercer reto es el laboral. La experiencia de las mesas sobre la jornada de 40 horas dejó una lección clara: las reformas laborales no pueden diseñarse de espaldas a la realidad productiva. Avanzar hacia mejores condiciones de trabajo es legítimo, pero hacerlo sin gradualidad, sin incentivos y sin políticas de acompañamiento solo profundiza informalidad y frena crecimiento. El diálogo existe; lo que falta es que se traduzca en decisiones responsables.

El cuarto reto es recuperar una agenda integral de desarrollo social, económico y ambiental, como la que Coparmex ha impulsado junto con la CONSEA, en diálogo con sindicatos de trabajadores. Este esfuerzo demuestra que el empresariado sí está dispuesto a compartir responsabilidades y construir acuerdos de largo plazo. Lo que ha faltado es que el gobierno federal deje de improvisar y convierta ese diálogo en políticas públicas coherentes.

Frente a este panorama, Querétaro vuelve a ofrecer una referencia clara. Un estado con mayor formalidad laboral, mejores condiciones de seguridad, instituciones funcionales y una narrativa que entiende a la empresa como aliada ha logrado resistir mejor el entorno nacional. No es inmunidad; es mejor diseño institucional.

La lección para 2026 es contundente: no se puede seguir pidiendo a las empresas que sostengan el crecimiento cuando el propio Estado lo asfixia. El desarrollo no se decreta ni se transfiere por obligación al sector privado. Se construye con legalidad, políticas públicas eficaces y un gobierno que asuma su parte.

México no necesita más exigencias unilaterales. Necesita correcciones de fondo. Porque un país que crece en cero es un país que está perdiendo tiempo, oportunidades y futuro.

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