Aún es incierto hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Trump. La diplomacia podría evitar una escalada, pero el sólo hecho de que se haya considerado la opción militar indica que Washington ve el control del canal como una cuestión de seguridad nacional.
¿O será la soberanía lo que no nos define?
La relación entre Estados Unidos y el Canal de Panamá es una historia de poder, influencia y, en última instancia, soberanía. Por ello, la reciente revelación de un memorando del Pentágono en el que el gobierno de Trump solicita opciones militares para garantizar el acceso irrestricto del país al canal, vuelve a traer a la mesa el fantasma de la intervención directa en América Latina.
Esta solicitud no sólo pone en entredicho el respeto a la soberanía panameña, sino que también despierta una serie de preocupaciones. Desde que Panamá estableció relaciones diplomáticas con China en 2017, Pekín ha fortalecido su presencia en el país mediante inversiones en puertos, infraestructura y comercio, un factor que Washington observa con atención.
Para Trump, quien ha advertido en reiteradas ocasiones sobre la supuesta intención de China de controlar el canal, este panorama representa una amenaza estratégica. No obstante, la inclusión de opciones militares en el memorando revela una disposición inquietante a recurrir al uso de la fuerza, lo que eleva las tensiones y reactiva viejos temores en la región.
En el marco de esta política, las opciones planteadas incluyen desde patrullajes militares conjuntos con las fuerzas panameñas hasta la posibilidad —por ahora remota— de un control directo del canal por parte de EE.UU. Esto evoca una época en la que la diplomacia estadounidense en la región se sustentaba en la intervención armada para proteger sus intereses económicos y estratégicos. Sin embargo, el hecho de que el Comando Sur ya esté evaluando planes para incrementar su presencia en Panamá deja claro que este debate apenas comienza.
No se trata únicamente de un tema comercial o geopolítico, sino de un mensaje de que Washington está dispuesto a intervenir, si lo considera necesario, en asuntos que afectan sus intereses estratégicos en la región. El problema es que esa política choca frontalmente con el derecho internacional y con el principio de soberanía que Panamá y América Latina han defendido desde finales del siglo XX.
En ese sentido, la posibilidad de una crisis diplomática dependerá de la evolución de este debate en Washington y de la respuesta del gobierno panameño. Por ahora, la postura de Mulino ha sido de rechazo absoluto, pero la presión estadounidense podría aumentar si la administración Trump ve en este tema una oportunidad para reforzar su discurso nacionalista.
Si algo deja en claro este episodio, es que el canal de Panamá sigue siendo un punto neurálgico en la estrategia global de EE.UU. La pregunta es si Washington está dispuesto a asumir el costo político y diplomático de una medida que, sin duda, tendrá repercusiones en toda América Latina. Porque si algo está claro es que, en el siglo XXI, la soberanía no debería estar sujeta a la voluntad de una sola persona.
