El domingo pasado, México vivió un momento inédito al votar por primera vez a sus jueces y magistrados. Pero lo que prometía ser un paso hacia la democracia, terminó dejando más preguntas que certezas. Con solo un 12% de participación ciudadana, parece haber confirmado ser más una simulación que un ejercicio democrático.
Coparmex fue clara en su diagnóstico: se trató de un proceso opaco, improvisado y con consecuencias delicadas para el Estado de Derecho.
Una democracia vive del voto, pero también del interés ciudadano. En este caso, ni uno ni otro estuvieron presentes. Doce de cada cien personas acudieron a votar, el resto simplemente no se sintió convocado. ¿Eso es suficiente para legitimar a quienes decidirán sobre nuestra libertad o nuestros derechos? Parece que no.
En países como Alemania o Canadá, el nombramiento de jueces se da mediante mecanismos colegiados y con controles técnicos rigurosos. Incluso en EE.UU., donde algunos jueces locales se eligen, los de mayor jerarquía pasan por filtros políticos y académicos. México optó por una elección directa, sin información clara, sin campañas auténticas, sin debates. Así no se construye justicia.
Y lo peor: esto no surgió de una exigencia social, sino de una imposición política. La ciudadanía no pidió elegir a sus jueces. La falta de interés se expresó con claridad: urnas vacías, cero debate público.
Para Morena es una alerta que debe considerar cuidadosamente. Si esta organización nació como un “movimiento”, el domingo pasado parece que no logró mover a nadie.
El partido guinda ha demostrado consistentemente que ha aprendido a mover masas. En las presidenciales del año pasado su maquinaria funcionó como reloj suizo. Pero esta vez algo falló. A pesar de activar sus redes clientelares, sus operadores, sus programas sociales, el resultado fue flojo. Muy flojo.
¿Qué cambió? Tal vez la gente no entendió la elección. Tal vez no le importó. O tal vez, sin un líder carismático en la boleta ni beneficios directos, el incentivo simplemente desapareció. Esto debería encender una alerta interna, porque ... si el partido en el poder ya no puede movil izar ni a sus propios beneficiarios… ¿qué tan sólido es su músculo político?
Hay cansancio. Hay apatía. Y eso, en el México de hoy, puede convertirse en una grieta profunda.
Por el lado económico, las inversiones, como las personas, necesitan certezas. Si el sistema judicial se percibe como politizado o débil, las decisiones empresariales cambian de rumbo. Lo dicen los datos. Lo advierten los empresarios. Lo publica el Financial Times: cada vez más empresas prefieren tribunales internacionales que confiar en la justicia mexicana.
Y eso tiene un costo. Las grandes compañías pueden pagar abogados y procesos afuera. Pero las micro y pequeñas empresas no. Ellas quedan desprotegidas, atrapadas en un sistema que tal vez no las escuche, no las entienda, o peor, no las trate con justicia.
Sin independencia judicial, no hay reglas claras. Y sin reglas claras, la economía pierde oxígeno.
El comunicado lanzado por Coparmex no queda en un simple reclamo. Es un llamado urgente. Documentó más de mil incidentes durante la jornada: casillas cerradas, votos inducidos, compra de sufragios. En algunas regiones hubo hasta violencia. ¿Así se elige a quien debe impartir justicia?
Pero más allá de las irregularidades, el fondo del mensaje es otro: este modelo no puede repetirse. No fortalece a las instituciones. No genera confianza. No representa un avance. Al contrario: abre la puerta a la discrecionalidad, a la improvisación y al debilitamiento institucional.
Esto no va solo de jueces. Va del tipo de país que queremos. ¿Uno donde los procesos se construyen con técnica, transparencia y participación real? ¿O uno donde la justicia se somete a la popularidad y al cálculo político?
Hoy, lo que está en juego no es una elección. Es el equilibrio entre legalidad y poder. Es la confianza de los ciudadanos. Es la certeza de los inversionistas. Es el futuro del Estado de Derecho en México.
Y cuando eso tiembla, todo lo demás empieza a tambalearse también.