Neurona ciudadana / Vivienda digna
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Querétaro, 26 de marzo de 2026
La reciente reforma a la Ley del Infonavit ha encendido alarmas tanto en el sector empresarial como en el sindical. Más allá del debate técnico y político, lo que está en juego es el futuro de millones de trabajadoras y trabajadores que dependen de esta institución para acceder a una vivienda digna y construir un patrimonio para sus familias. No podemos ignorar el impacto de esta reforma en un país donde la brecha de desigualdad sigue siendo una realidad persistente, especialmente para las mujeres y los grupos más vulnerables.
El Infonavit ha sido, durante décadas, un modelo tripartita que permite la participación activa de empleadores, colaboradores y el Estado en la administración de los fondos de vivienda. Sin embargo, esta reforma debilita la representación de los sectores productivos. La eliminación de las direcciones sectoriales no sólo resta transparencia, sino que también afecta la capacidad de los trabajadores para vigilar la correcta administración de sus ahorros.
Esta vulnerabilidad del Infonavit ocurre en un momento particularmente delicado para la economía mexicana. La burbuja de consumo y la inversión ficticia que habían sostenido el crecimiento económico están llegando a su fin. La reducción del poder adquisitivo derivada de la inflación acumulada, el endeudamiento privado, la disminución de las remesas y las inversiones de corto plazo sin impacto en la productividad están generando un estancamiento económico que, de agravarse, podría llevar a una recesión.
Además, el gobierno enfrenta serias restricciones fiscales que limitan su capacidad de estimular la economía. La elevada deuda pública, la baja eficiencia en la recaudación de impuestos y el peso de los compromisos sociales han reducido el margen de maniobra para invertir en infraestructura productiva y generar crecimiento sostenible. La falta de inversión privada, producto de la incertidumbre política y la ausencia de un marco institucional sólido, agrava aún más el panorama.
En este sentido, no podemos olvidarnos de las mujeres trabajadoras, quienes enfrentan desafíos adicionales en este entorno. La brecha salarial, la informalidad y la falta de oportunidades en sectores productivos estratégicos limitan su acceso a la vivienda y a herramientas financieras que les permitan construir un futuro con estabilidad. Cualquier reforma al Infonavit debería haber incorporado mecanismos para cerrar estas brechas y garantizar igualdad de oportunidades para ejercer el derecho a una vivienda digna.
Además, la creación de una empresa constructora filial del Infonavit sin mecanismos claros de supervisión y transparencia abre la puerta a posibles conflictos de interés. La prioridad del Instituto debe ser garantizar créditos accesibles y justos para las y los trabajadores y no convertirse en un actor del mercado de la construcción sin la debida regulación.
Desde una perspectiva de desarrollo humano y equidad, es fundamental fortalecer la gobernanza de este instituto y no debilitarla. La rendición de cuentas y la participación efectiva de los sectores involucrados son esenciales para asegurar que los recursos se utilicen en beneficio de quienes los generan: las y los trabajadores de México.
No podemos permitir que decisiones legislativas de gran impacto se tomen sin considerar la voz de quienes serán los más afectados. Desde Coparmex Nacional se ha solicitado escuchar todas las voces, donde se prioricen las necesidades de las y los trabajadores, en especial aquellas mujeres que enfrentan condiciones laborales más precarias y obstáculos estructurales para acceder a un hogar propio. La vivienda no es un privilegio, es un derecho y su acceso debería garantizarse con justicia, equidad y transparencia, particularmente en un momento en el que la estabilidad económica de nuestro país está en riesgo.
