Analizarán compatibilidad de decreto con estándares de Derechos Humanos

Señala Defensoría de Derechos Humanos que ya existe jurisprudencia respecto al tema de la iniciativa del Gobernador

La Defensoría de los Derechos Humanos analizará el decreto del gobernador bajo la lupa de las normas internacionales / Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

Armando Manzo

El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Javier Rascado Pérez, señaló que analizarán el decreto del Gobernador para ver que cumpla con las normativas nacionales e internacionales y si puede considerarse similar a un caso en Baja California que sentó jurisprudencia.

“Hay que partir de un principio básico que, finalmente, todos los Derechos Humanos pueden estar sujetos a restricciones. Incluso se dicen que no son absolutos, pueden estar sujetos a restricciones, eso sí, siempre y cuando estas se encuentren precisas en la ley, que sigan un fin legítimo, y pues que finalmente cumplan con los criterios de proporcionalidad que establece tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”, advirtió.

La libertad de expresión, afirmó, puede ser sujeta a restricciones, pero debe analizarse cada caso para conocer las limitaciones que puede tener.

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“La libertad de expresión admite ciertas limitaciones, particularmente cuando se trata, por ejemplo, de proteger la seguridad, la moral pública, los derechos de la niñez o el orden democrático. Pero lo que sí creo, que será, en su momento, sumamente importante ir analizando, caso por caso, si alguna medida en especial constituye la violación a un derecho humano”, afirmó.

Un punto importante dentro del decreto, advirtió el titular de la DDHQ, es la delimitación que hace sobre los lugares donde puede aplicarse la prohibición, motivo por el cual se analizarían las probables violaciones a tratados internacionales.

“Entiendo que en parte lo que señala el decreto es que la prohibición sería propiamente en espacios públicos o en eventos públicos. Creo que eso hace una distinción importante. A nosotros como Defensoría nos toca observar que cualquier decisión de esta naturaleza sea compatible con los estándares nacionales e internacionales de los derechos humanos”, aseveró.

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“Tenemos que asegurar que finalmente todas las medidas de política pública se apliquen dentro de un acto jurídico. Tenemos que vigilar el contenido para que se establezcan esas restricciones y no afecten el principio de legalidad, proporcionalidad, necesidad, temporalidad y no discriminación, te digo, eso ya se analizaría en cualquier caso individual”, comentó.

Hablando de la jurisprudencia que ya existe sobre este tema, se refirió a un caso en Baja California, donde se metió una acción de constitucionalidad que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobando un artículo que hablaba sobre la música que hace apología del crimen.

“En 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una acción de inconstitucionalidad que concretamente dice que todas las personas gozan del derecho a la libertad de expresión, cuyo ejercicio sólo podrá restringirse mediante responsabilidades ulteriores en casos como ataques a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, la seguridad nacional, la salud pública o la provocación de algún delito o la perturbación del orden público”, comentó.

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“Y emitió esa acción de inconstitucionalidad concretamente a una prohibición que se había hecho en una ley de Baja California en la que prohibía la reproducción de material discográfico que promueve la violencia en el transporte público de Baja California. Finalmente, la Corte dijo que era idónea la prohibición porque contribuía a evitar la normalización de distintos tipos de violencia física, de género, racial, religiosa, étnica o por orientación sexual. Entonces ya hay criterios, ya lo estableció la Corte”, agregó.

Armando Manzo

Licenciado en Ciencias de Comunicación. Experiencia en trabajo de reportero a pie, jefe de información y columnista