Consejo Consultivo del Agua pide replantear el proyecto El Batán

El organismo planteó ocho puntos para evaluar la viabilidad del proyecto “Agua para Todos”, que incluyen un estudio maestro integral, validación tecnológica, monitoreo independiente, educación comunitaria y gobernanza participativa.

David Álvarez

El Consejo Consultivo del Agua en el estado pidió replantear el proyecto “El Batán, Agua para Todos”, al considerar que antes de avanzar deben cumplirse condiciones técnicas, ambientales, sanitarias y de transparencia.

La presidenta del organismo, Katia Reséndiz, afirmó que el programa hídrico estatal se basa en diagnósticos por zona y en gobernanzas con participación, lo que implica que todo proyecto debe sujetarse a criterios verificables y salvaguardas.

“Pensamos en aprovechar el agua que tenemos, se aprovechará con menos fugas, ñ lo mejor saneamiento, reuso y recarga, bajo una normativa clara y con trazabilidad”, señaló.

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El Consejo precisó que la circularidad del agua es un componente fundamental de la estrategia de gestión a largo plazo y que por ello todo proyecto de reuso debe cumplir con condiciones claras: control de riesgos en salud y ambiente, uso de tecnología probada, saneamiento adecuado y transparencia acompañada de participación ciudadana.

En este marco, indicó que El Batán requiere replantearse a partir de ocho puntos específicos.

Los planteamientos consisten en evaluar proyectos de reúso agrícola, industrial y de recarga que atiendan el déficit de los acuífero, así como elaborar un estudio maestro integral que contemple escenarios alternativos y una ruta de socialización.

También se propone el implementar procesos de educación comunitaria; validar las tecnologías mediante comparaciones técnicas de eficiencia, consumo energético, capacidad operativa, generación de residuos y costos; revisar la posibilidad de utilizar la presa de El Batán o cualquier otro amortiguador ambiental.

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Finalmente, se busca asegurar la calidad del agua de reúso con un piloto previo y un monitoreo continuo, independiente y público; garantizar transparencia en todas las etapas con datos abiertos, criterios técnicos y financieros, certificaciones y auditorías independientes; e integrar una estrategia de gobernanza participativa vinculante.

“Consideramos que el proyecto se debe replantear con base en evidencia, responsabilidad social y mucha transparencia para garantizar la seguridad hídrica del estado”, expresó Reséndiz.