El legislador federal comentó que en la zona se construiría una estación del tren México-Querétaro.
Karen Munguía
A pesar de que el municipio de Querétaro inició el procedimiento para la protección de la zona natural de El Zapote, el legislador Gilberto Herrera Ruiz insistió en su dicho de que el gobierno está tratando de despojar a los ejidatarios de sus tierras.
A través de un comunicado de prensa, el diputado federal morenista acusó que el terreno ejidal de 485 hectáreas se encuentra en una zona aledaña donde se proyecta construir una estación del tren México-Querétaro, además de señalar que quitar la categoría de área natural protegida permitirá que Grupo Carther Tierra Noble Juriquilla siga especulando sobre la tierra.
“Se trata de una zona ejidal aledaña a donde se proyecta la estación del Tren México-Querétaro en la capital del estado, a la cual recientemente le fue retirada su categoría como Área Natural Protegida, a fin de que Grupo Carther Tierra Noble Juriquilla siga especulando con la tierra y comprometiendo, incluso, como amenidad habitacional y comercial una presa de la Comisión Nacional de Aguas que es fundamental para la actividad agrícola”, indicó.
Al respecto, externó que el linchamiento mediático del que ha sido objeto por el presunto desvío de 320 millones de pesos durante su gestión como rector de la UAQ está relacionado con el apoyo que ha brindado a los ejidatarios de la zona.
“El linchamiento mediático del que he sido objeto por un supuesto desvío de 320 millones de pesos, durante la Rectoría que encabecé en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) entre 2012 y 2018, es la respuesta que da el gobernador Mauricio Kuri para desacreditar ante la opinión pública el acompañamiento que estoy dando a los ejidatarios de El Zapote, en la defensa de 485 hectáreas que el cártel inmobiliario les está despojando con la colusión de su gobierno”, comentó.
Herrera Ruiz agregó que la difamación de la que es objeto también es en respuesta a la exhibición de hechos de corrupción que ha realizado sobre la obra de Paseo 5 de febrero. Añadió que, incluso, desde el gobierno de su antecesor Francisco Domínguez Servién, las auditorías hechas a la UAQ han sido utilizadas como instrumento de difamación en su contra, pese a que ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni la Entidad Superior de Fiscalización del estado (ESFE) hayan emitido alguna observación resarcitoria, salvo de carácter administrativo que fueron solventadas.
“Esta difamación también es una respuesta por exhibir la corrupción que impera en el derroche de 7 mil millones de pesos para remodelar cinco kilómetros de una avenida, Paseo 5 de Febrero, que el gobernador presentó como proyecto emblemático de su administración, mismo que lleva dos años y medios de retraso y la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) no ha sido sancionada por el daño económico a las finanzas estatales y a la economía de la zona que ha sido gravemente afectada”, añadió.
Subrayó que la UAQ abrió su cuenta pública a la fiscalización desde 2012 y aclaró que el presunto desvío de recursos es por un monto de 171 millones 4 mil 767.71 pesos y no por 320 millones como se ha dado a conocer; en este sentido, aseguró que se emitió un acta de cierre del caso por el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Reiteró que, hasta el momento, no ha sido citado a declarar por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aún cuando la denuncia que se presentó desde 2020.
“Sin embargo, expreso mi más amplia disposición e interés en que sea aclarado este asunto en la carpeta de investigación FED/FECC/FECCQRO/0000765/2020, a fin de desahogar ésta que es una más de las distracciones que el gobernador Mauricio Kuri González promueve para entorpecer el trabajo que seguiré haciendo en la defensa del ‘otro Querétaro’”, precisó.
