Esto implica la ausencia de un marco legal que defina responsabilidades y condiciones mínimas, según denunció el Observatorio Ciudadano del Tren México–Querétaro–Irapuato
David Álvarez
Y es que, a decir de la también activista, la ausencia del título implica que la obra carece de un marco legal que defina responsabilidades y condiciones mínimas.
Gobierno federal no podría ejecutar obras sin el respaldo legal correspondiente, a decir de Irlanda Riveroll, vocera del Observatorio Ciudadano del Tren México–Querétaro–Irapuato, quien refirió que en el caso del derribo del puente vehicular en Corregidora Norte, no existe un título de asignación oficialmente publicado, documento que autoriza la intervención de terrenos.
Explicó que la falta del documento significa que no hay un permiso plenamente certificado que respalde la demolición del puente ni que establezca cómo se deben realizar los trabajos, qué límites se deben respetar ni qué medidas técnicas y de seguridad deben cumplirse.
“La realidad es que no hay un título de asignación que debería estar publicado en el Diario Oficial, porque así lo indican las leyes, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en su artículo 7, para construir y ampliar las vías; tendrían que tenerlo para poder ejecutar los trabajos que ya están ejecutando, porque ahí se determinan las condiciones mínimas para la ejecución de la obra, y si no está, hay mucha incertidumbre”.
Sobre la comunicación con los vecinos, indicó que se ha buscado cercanía con autoridades municipales, estatales y federales, sin embargo, en el ámbito federal no se tiene mayor información, mientras que de manera local, tampoco conocen el plan de trabajo.
“Lo más que hemos podido acordar es que se dé aviso previo en algunas zonas, pero han sido de palabra, no tienen ningún dicho o acción, porque entienden también que trabajan un proyecto y en la marcha se generan modificaciones, pero no se formaliza; han habido acercamientos, pero muy ambiguo”, explicó.
Riveroll mencionó que la obra tiene implicaciones directas sobre la vialidad y los inmuebles cercanos, además del comercio local, por lo que, dijo, las personas en situación de calle que ocupaban las vías se han desplazado hacia calles aledañas y que la instalación de luminarias se ha retrasado.
“Con la recuperación del derecho de vía, reducen la capacidad vial de las vialidades que tienen enfrente los vecinos y la afectación directa es a los inmuebles, así como el comercio, mucha gente tendrá problemas, el tema de las personas en situación de calle, que estaban en las vías, ahora se desplazan a calles aledañas, el tema de luminaria tarda mucho; entonces sí está habiendo afectaciones”, indicó.
