El Poder Judicial reporta cerca de 200 inscritos en el registro federal; colectivas aseguran tener más de 2 mil casos documentados
Lorena Sandoval
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Braulio Guerra, exhortó a activistas y personas afectadas por incumplimiento de pensión alimenticia a presentar formalmente sus casos ante jueces familiares para que puedan integrarse al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA), luego de que organizaciones señalaran que existe una diferencia considerable entre los más de 2 mil deudores que aseguran tener documentados y los alrededor de 200 que actualmente aparecen en el padrón oficial.
El titular del Poder Judicial explicó que el RENOA es una plataforma federal que no se alimenta de manera automática ni por señalamientos públicos, sino mediante resolución judicial y a petición de parte, por lo que es indispensable que los casos se promuevan ante la autoridad competente y se acredite legalmente el incumplimiento.
“El RENOA no puede alimentarse de oficio, es decir, tiene que ser a petición de parte”, sostuvo, al precisar que el procedimiento exige demostrar que no se ha cubierto la obligación alimentaria y garantizar el derecho de audiencia de la persona señalada. En ese sentido, subrayó que no basta con presentar la solicitud, sino que debe acreditarse el adeudo para que el juez ordene la inscripción correspondiente.
Guerra reconoció que es probable que existan más deudores de los que actualmente aparecen en el registro; sin embargo, insistió en que el mecanismo legal debe seguirse conforme a lo establecido. Añadió que actualmente hay “ya casi 200 personas” inscritas y consideró que el reto no solo es incrementar el número, sino lograr que el registro tenga efectos reales en la vida pública y administrativa.
“Tenemos que valorar más el tema de que el RENOA sea funcional, es decir, que el RENOA sí tenga consecuencias”, indicó el magistrado, al referir que quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias pueden enfrentar restricciones en trámites como la obtención de pasaporte o la participación como candidatos a cargos de elección popular.
Por su parte, Mayra Dávila, representante legal de ADAX Digitales, reifirió que la disparidad no obedece a la falta de denuncias, sino a retrasos en la operatividad del registro estatal. Expuso que han acompañado diversos casos con sentencia firme que no han sido incorporados al padrón, pese a que el procedimiento debería resolverse en un plazo menor.
“Tenemos un expediente específicamente en el cual hicimos la prueba para ver cuánto se tardaban y tienen más de cuatro meses sin subir a un deudor alimentario, cuando se supone que tendrían que subirlo en menos de 15 días”, indicó al referirse al expediente 507/2022 radicado en el Juzgado Séptimo de Querétaro, en el que, aseguró, ya existe resolución definitiva.
La activista agregó que, desde el impulso de la Ley Sabina en la entidad, han construido un registro colectivo mediante el cual han documentado más de 2 mil deudores alimentarios, muchos de ellos con sentencia. A su consideración, antes de exigir nuevas denuncias, el Poder Judicial debe garantizar que los expedientes ya resueltos se reflejen oportunamente en el sistema oficial, pues, dijo, el registro también representa una forma de justicia para las mujeres y sus hijas e hijos.
