El grupo parlamentario del PAN en el Congreso ingresó una propuesta para crear el delito y castigar la cohabitación forzada de menores de edad
Armando Manzo
Licenciado en Ciencias de Comunicación. Experiencia en trabajo de reportero a pie, jefe de información y columnista
Con penas que van de los ocho a los 15 años de prisión, multas de 175 mil hasta los 350 mil pesos y reparación de daños por 234 mil hasta 410 mil pesos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ingresó una iniciativa para crear el delito de “cohabitación forzada” en el Código Penal estatal y así evitar el fomento o coacción para realizar un matrimonio con menores de edad.
“Esta iniciativa propone la adición del capítulo cuarto denominado ‘cohabitación forzada’, que no existe aún. Se estaría incorporando el artículo 169b que sanciona a quien comete el delito de ‘cohabitación forzada’ de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a otra persona con el fin de vivir de forma equiparable a la de un matrimonio”.
“Las penas propuestas son de 8 a 15 años de prisión, una multa de mil 500 a 3 mil UMAS (de 175 mil a 350 mil pesos) y desde 2 mil hasta 3 mil 500 veces el valor de la UMA diario por el concepto de reparación de daño”, manifestó la diputada Leonor Mejía, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, la iniciativa contempla las agravantes en caso de que exista algún tipo de parentesco con el menor que sea forzado a casarse o vivir como si fuera un matrimonio, a quienes se les incrementará la sanción.
“Las agravantes para estos casos es que exista una relación de parentesco, de consanguinidad en línea recta ascendente o descendente o colateral hasta el cuarto grado o por afinidad a quienes se les impondrá un tercio más de las sanciones previstas en este artículo a quien comete la cohabitación forzada”, indicó Mejía Barraza.
Aunque esta práctica ya ha sido prohibida en el país, la diputada advirtió que no deja de realizarse y que es un atentado contra los menores de edad.
“El matrimonio infantil ya está prohibido, pero las uniones informales no. Representan una de las expresiones más horrorosas de violencia contra la niñez, pues arrebatan su infancia, limitan sus oportunidades y vulneran múltiples derechos fundamentales, condenándolos a una vida marcada por la desigualdad y la exclusión”, afirmó.
Conforme a datos que ofrecieron del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Querétaro, el porcentaje de nacimientos registrados de madres adolescentes con referencia al total de alumbramientos fue de 12.3 en 2020, mientras que en años anteriores se ha mantenido una tasa promedio de 15, siendo que la proporción de niñas y adolescentes casadas o unidas de manera informal es mucho mayor al de los niños y adolescentes hombres.
Por su parte, el coordinador de bancada panista, Guillermo Vega Guerrero, mencionó que esto busca replicar en la entidad la lucha que han emprendido activistas como las exdiputadas federales Eufrosina Cruz y Jaqueline Hinojosa, siendo esta última quien advirtió que la homologación de códigos penales no es un trámite únicamente.
“Homologar el código penal de Querétaro con el código penal federal no es un trámite técnico; es una línea ética y una obligación moral. Es decidir si el congreso va a cerrar la puerta a la impunidad o si va a seguir dejando que la violencia pase. Porque lo que no se sanciona, se permite; y lo que se permite, se repite, y en este país ya hemos repetido demasiado“, indicó Jaqueline Hinojosa.
