Se concluyó el primer taller del Programa Estatal de Cumplimiento Económico Limpio, que será replicado en seis estados más
Lorena Sandoval
La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), concluyó el primer taller de desarrollo institucional del Programa Estatal de Cumplimiento Económico Limpio (PECEL), orientado a fortalecer las investigaciones en delitos económicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El programa busca consolidar las capacidades de las UIPE a nivel nacional para prevenir, detectar, analizar e investigar delitos económicos, con un enfoque en mejorar la coordinación interinstitucional y adoptar estándares internacionales. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, este modelo será replicado en seis estados más del país.
Durante las 24 horas de capacitación, el personal directivo y operativo de la UIPE trabajó en el análisis de su marco legal y organizacional, identificó brechas y buenas prácticas, reforzó procesos de inteligencia financiera y elaboró una hoja de ruta para su plan de desarrollo institucional.
La iniciativa cuenta con el financiamiento de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México (INL México) y es implementada por la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF), el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y el Basel Institute on Governance.
Expertos internacionales en inteligencia criminal, derecho procesal penal y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita impartieron la capacitación. Asimismo, validaron el Manual de Desarrollo Institucional como herramienta clave para fortalecer la UIPE en su labor de investigación.
Con este esfuerzo, la Fiscalía General del Estado busca garantizar que sus áreas especializadas cuenten con metodologías actualizadas y herramientas de alcance global, lo que permitirá mejorar los procesos de investigación y detección de delitos financieros en Querétaro.
La institución reafirmó su compromiso con la profesionalización continua y la implementación de mecanismos especializados que contribuyan al desmantelamiento de las estructuras económicas de la delincuencia organizada y al fortalecimiento del sistema de justicia en la entidad.
