UAQ asume “deber moral” de colaborar con la FGR en caso Gilberto Herrera

La rectora Silvia Amaya afirmó que la universidad ha respondido todos los requerimientos de la Fiscalía y que, aunque no hay resoluciones, la institución tiene la obligación ética de atender las indagatorias.

INVESTIGACION — Investigación es por presunta triangulación de más de 300 millones de pesos. / Foto: Iraís Sánchez / Diario de Querétaro

David Álvarez

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tiene el “deber moral” de atender todas las solicitudes que realicen las autoridades federales en la investigación por el presunto desvío de recursos públicos durante el rectorado de Gilberto Herrera Ruiz, afirmó la rectora Silvia Amaya Llano.

Aunque el proceso judicial continúa sin resoluciones, Amaya sostuvo que la universidad ha respondido todos los requerimientos hechos por la Fiscalía General de la República (FGR) y subrayó que, como institución pública que recibe recursos estatales y federales, la UAQ está obligada a actuar con transparencia.

“Sí creo tener el deber moral de atender estas solicitudes, para que se resuelvan y una vez que se resuelvan saber si hubo o no implicados universitarios”, declaró.

Gilberto usó en UAQ a firma ligada a fraude

La rectora indicó que hasta ahora no se ha notificado a la institución de resoluciones que impliquen sanciones o separación de personal.

Aunque la FGR ha solicitado citar a algunos trabajadores universitarios, no se ha emitido ninguna instrucción formal que amerite medidas administrativas.

Cuestionada sobre si ha habido contacto con Gilberto Herrera, actual diputado federal, Amaya respondió que no ha conversado con él desde febrero y desconoce su postura sobre el caso.

El exrector ha negado públicamente los señalamientos y sostiene que los recursos fueron auditados y solventados. No ha sido citado por la FGR y mantiene fuero constitucional.

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La denuncia fue presentada en 2020 por el excontralor Alejandro Ramírez Reséndiz ante la FGR, por la presunta triangulación de más de 300 millones de pesos mediante convenios presuntamente simulados, en los que se relaciona a la empresa Freight Ideas, también investigada por su participación en casos similares en otras entidades públicas.