Consejo Universitario aprobó en sesión extraordinaria el arranque de un proceso institucional para elaborar un protocolo de atención, acompañamiento jurídico y protección
David Álvarez
La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) acordó iniciar un proceso institucional para la construcción de un protocolo orientado al acompañamiento y protección de la comunidad universitaria ante situaciones de riesgo o posibles vulneraciones a sus derechos humanos, derivadas de distintos contextos de exposición pública y actuación institucional.
El acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, con la participación de 39 consejeros, y contempla la definición de rutas de atención, acompañamiento jurídico y medidas de protección para estudiantes, docentes y personal universitario, a partir de las solicitudes presentadas por la agrupación estudiantil En Tejidos.
La rectora de la Máxima Casa de Estudios, Silvia Amaya Llano, señaló que si bien el fenómeno no es exclusivo del ámbito universitario, la UAQ tiene la responsabilidad de revisar y fortalecer sus propios protocolos y lineamientos para el cuidado de su comunidad.
“Si bien sabemos que esta situación no es exclusiva o no solo se lleva a cabo al interior de la universidad y estamos muy interesados en cómo atender y cuida a nuestra comunidad estudiantil, entendiendo que nuestras y nuestros estudiantes no solo vienen a aprender conocimiento, sino también tienen que aprender cómo cuidarse, ejercer derechos y responsabilidades, dado que estamos integrados en una vida colectiva”.
En su intervención, representantes estudiantiles de En Tejidos, agrupación formada por estudiantes de diversas facultades, pidieron que su planteamiento quedara asentado en actas como una exigencia formal y no como una opinión, añadiendo que sus solicitudes se basaron en la legislación universitaria vigente.
“La violencia mediática politizada y partidista está atravesando a la comunidad universitaria y a la institución, que hasta ahora no ha respondido con mecanismos claros. Solicitamos que esta intervención quede asentada en actas como un planteamiento formal y no como una participación de opinión, porque estamos presentando exigencias basadas en legislación universitaria”.
Entre las peticiones presentadas se incluyó la creación de un protocolo institucional contra la violencia mediática politizada, la garantía de acompañamiento institucional y de no repetición, así como la activación de una ruta clara de acompañamiento jurídico que contemple asesoría, defensa, orientación y medidas de protección con capacidad de respuesta inmediata.
Al cierre de la sesión, la rectora informó que la solicitud para elaborar el protocolo será turnada a la Comisión de Asuntos Jurídicos, instancia facultada para su análisis y desarrollo, con el objetivo de iniciar la construcción de un mecanismo universitario que favorezca el ejercicio de los derechos humanos de la comunidad, en el marco de sus atribuciones.
Asimismo, se propuso la conformación de una comisión especial redactora integrada de manera paritaria por cuatro docentes y cuatro estudiantes del Consejo, a la que se sumarían representantes de Rectoría y de la agrupación En Tejidos, a fin de avanzar en la redacción del protocolo y al pronunciamiento institucional correspondiente.
