Según el dispositivo podrían resguardar material audiovisual de una semana a un mes y posteriormente ser eliminado
Waldo Maya
Una investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro se podría ver truncada u obstaculizada al no tener un buen respaldo por parte de las cámaras de videovigilancia pública, ya que el sistema de almacenamiento solo permite el resguardo del material de manera temporal según la capacidad de cada dispositivo, lo que podría llevar a la eliminación de información de vital importancia para el esclarecimiento de los casos de alto impacto.
De acuerdo con especialistas en informática, los dispositivos de almacenamiento alcanzan un límite de grabación, cuyo material audiovisual se podría depurar al alcanzar un aproximado de 7 días y en algunos casos hasta 30 días.
De acuerdo con información emitida por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del 2023 a la fecha se han enlazado más de 2 mil cámaras de videovigilancia y 50 lectores de placas al Centro de Información y Análisis para la Seguridad (CQCias), como parte de la implementación de seguridad y respuesta policial.
Asimismo las cámaras en tiempo real del CQCias, del C2, C4 y del C5 de la entidad se encuentran también enlazadas a la División de Análisis y Monitoreo del nuevo complejo de seguridad “Rhino” inaugurado desde el 2024, cuya inversión fue de 4 mil millones de pesos y con un soporte actual de más de 3 mil cámaras, sin embargo la capacidad de almacenamiento videográfico también oscila en un aproximado de 7 días de resguardo para después proceder a depurarse.
En cuanto al Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), del 2023 a la fecha ya cuenta con más de 6 mil cámaras de videovigilancia instaladas en las 7 delegaciones, con más de 80 pantallas de monitoreo y más de 800 botones de asistencia y 100 lectores de placas, pero ante algunas incidencias y testimonios de afectados por algún delito, en algunos puntos las cámaras no se encuentran en funcionamiento, están descompuestas o carecen de mantenimiento, ya que en algunos casos no se han podido obtener las evidencias para la integración de datos a las carpetas de investigación.
Este panorama ha pasado a afectar directamente en el proceso de investigación por parte de agentes de la Fiscalía, puesto que a pesar de la inversión en las cámaras que podría ser de utilidad para el seguimiento en tiempo real, las autorizaciones por parte del juez de control para solicitar evidencia a los C2, C4, C5, al Rhino o CQCias, podría demorar más de una semana, incluso hasta más de 15 días según avanza la investigación.
En la mayoría de los casos de delitos de alto impacto como homicidios y debido a la presión social, los procesos de investigación para la revisión de material videográfico puede ser obtenido de manera rápida y eficiente, pero en los casos que suelen tardar más tiempo en la investigación preliminar para la obtención de datos, los agentes tienen que recurrir a los circuitos cerrados de los inmuebles particulares como negocios o domicilios particulares para allegarse de datos de prueba tangibles, ya que la funcionalidad en las cámaras de los C2, C4 y C5 suele ser deficiente.
Actualmente
las autoridades no cuentan con un dispositivo de almacenamiento de video capaz de soportar más de un mes de grabación
