Porque el crimen organizado no solo dispara balas; dispara incertidumbre.
Y en un país que necesita crecer, el costo de perder oportunidades es, quizá, el más caro de todos.
La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue presentada como un golpe estratégico contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. En términos de seguridad, puede ser leída como un avance institucional. En términos económicos, sin embargo, dejó una factura que nadie está contabilizando con precisión.
Las horas posteriores a su caída estuvieron marcadas por bloqueos, incendios de vehículos, carreteras cerradas, transporte público detenido y ciudades paralizadas. Y cuando una ciudad se paraliza, la economía también lo hace. No es una metáfora: es una ecuación simple. Si no hay movilidad, no hay comercio; si no hay comercio, no hay ingreso; y si no hay ingreso, hay familias que no comen.
Durante los bloqueos vimos imágenes de automóviles particulares convertidos en pérdida total. Esos vehículos no eran activos corporativos; eran patrimonio familiar. Representaban años de ahorro, créditos aún no liquidados, herramientas de trabajo para repartidores, comerciantes, taxistas o empleados que dependen de su movilidad diaria. Cuando un automóvil arde en medio de una avenida, lo que se quema no es solo metal: es capital.
También cerraron tiendas. Algunas por horas. Otras por días. Y en contextos de alta informalidad, un día sin abrir no es un inconveniente administrativo; es la diferencia entre cubrir la renta o no hacerlo. Las micro y pequeñas empresas —que generan más del 70% del empleo en muchas regiones del país— no operan con amplios márgenes de liquidez. Operan al día. Y el miedo reduce el consumo inmediatamente.
El crimen tiene un efecto multiplicador negativo. No solo afecta al comerciante cuya cortina permanece abajo. Afecta al proveedor que no entregó mercancía, al transportista que no completó su ruta, al empleado eventual que perdió horas laborales. La disrupción económica es silenciosa, pero acumulativa.
En paralelo, el mensaje hacia la inversión es devastador. El capital —nacional o extranjero— no evalúa únicamente tasas de retorno; evalúa riesgo. Y el riesgo se mide en estabilidad institucional, en previsibilidad jurídica, en continuidad operativa. Cuando la narrativa dominante es la de ciudades incendiadas tras un operativo, el cálculo cambia. Un proyecto puede postergarse. Una planta puede instalarse en otra región. Una expansión puede congelarse.
La economía regional es particularmente sensible a estos episodios. Las cadenas de suministro no están diseñadas para operar en medio del caos. Los seguros no cubren siempre la totalidad de los daños. Y la percepción de inseguridad tiende a persistir más tiempo que el evento mismo.
La acción del Estado contra estructuras criminales es necesaria. Pero también es necesario dimensionar el costo económico del desorden que acompaña estas confrontaciones. Porque mientras el discurso oficial celebra el golpe estratégico, miles de familias contabilizan pérdidas inmediatas.
El crimen organizado no es solo un problema de seguridad pública; es un impuesto informal sobre la actividad económica. Un impuesto que se paga en forma de primas de riesgo más altas, inversión diferida, consumo contenido y patrimonio destruido. Un impuesto que encarece operar, producir y comerciar.
Y hay algo aún más profundo: la normalización. Cuando los bloqueos dejan de sorprender, cuando las ciudades aprenden a “aguantar”, el daño estructural ya está hecho. Se reduce la expectativa de crecimiento, se limita la ambición empresarial y se consolida una cultura de cautela económica.
La caída de un líder criminal puede ser un punto de inflexión institucional. Pero no debe invisibilizar el saldo económico del caos que le siguió. Porque cada tienda cerrada, cada empleo suspendido y cada automóvil incendiado es un recordatorio de que la violencia no solo se mide en estadísticas de seguridad; se mide también en oportunidades perdidas.
