Este 1 de junio, mientras los promotores de la democracia excluyente llaman a no votar, otros estaremos escribiendo una nueva página en la historia de la democracia en México.
*Diputada federal suplente
*Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión.
Cierto es que cuando hablamos de democracia, siempre pensamos en el poder del pueblo. Muchos nos remitimos a aquellas clases en las que nos enseñaban el origen etimológico de la palabra: démos que significa ‘pueblo’, y krátos, que se traduce como ‘poder’. Pero, no siempre el ejercicio democrático ha significado el poder del pueblo en toda su dimensión, ni ha tenido los mismos propósitos en las diferentes etapas de la historia, ni mucho menos, ha significado la inclusión de todo el pueblo en las decisiones de todos los aspectos de la vida pública que les atañen de manera prioritaria o trascendental.
En la antigua Grecia la democracia estaba concebida para sostener un régimen esclavista y, por tanto, las personas esclavas no podían tomar parte de las decisiones aunado a que las mujeres tampoco, porque desde entonces se consideraba que no tenían capacidad para que se les otorgaran los mismos derechos que a los hombres. En el capitalismo, la democracia se asocia a la necesidad de garantizar regímenes políticos que conciban al mercado como la columna vertebral de la sociedad, con base en el consentimiento popular manifestado a través del voto libre para elegir a los integrantes de esos regímenes políticos, bajo el reconocimiento del poder intrínseco que cada ciudadano tiene, y la necesidad de promover y garantizar mecanismos para que ese poder ciudadano sea delegado a otros con el fin de ejercer el poder público en una sociedad.
Así, la esencia de las democracias modernas estriba en el reconocimiento del poder del pueblo, en la necesidad de delegarlo a otros mediante elecciones libres, aunque no siempre incluya todos los aspectos de la vida pública, ni todos los ámbitos del poder público, ni a todos los sectores de la sociedad.
Por ejemplo, en estas democracias modernas, se desarrolló una narrativa que -palabras más o palabras menos-, normalizó la idea de que el poder judicial era algo así como un supra poder que solo podía ser elegido por una élite a través de mecanismos complejos e inalcanzables para el ciudadano común, porque se trataba de elegir a personas sabias que según fuera el caso, pondrían en orden a todos, es decir, a los otros poderes y a la ciudadanía en general al encargarse de dirimir cualquier tipo de controversia. En el fondo, se normalizó la idea de la democracia griega excluyente en la que no todo mundo tiene capacidad para tomar parte de los asuntos públicos.
México no ha estado al margen de esta normalización de pensamiento respecto de la democracia excluyente, por el contrario, por décadas las mujeres no pudieron ejercer su derecho al voto y hasta antes de la reforma judicial nos parecía a todas y todos absolutamente normal estar excluidos de la participación en la elección de los integrantes del poder judicial. Muchas personas estaban convencidas respecto de su incapacidad para decidir sobre quiénes deben integrar ese poder, porque según se nos enseñó por décadas, eso no es un tema trivial y no cualquiera tiene capacidad para entender y participar. Así nos convencieron de que a pesar de que el poder judicial es uno de los tres poderes públicos de nuestra República, su nombramiento no debe ser a través de mecanismos democráticos de ninguna índole porque son personas especiales cuyo papel es tomar decisiones de asuntos complejos que le afectan a toda una nación, a una determinada colectividad o a un integrante de la sociedad en su calidad de ciudadano o ciudadana, y que su lejanía con el pueblo es la mejor arma para garantizar su autonomía, imparcialidad y honestidad a la hora de juzgar.
Pero cuando nos fuimos enfrentando como sociedad a que ese propósito de autonomía, imparcialidad y honestidad no necesariamente se cumplía, tuvimos que empezar a desaprender ese discurso relacionado con nuestra aceptación de exclusión en todo lo que tenía que ver con la integración del poder judicial, y empezamos a aprender que jueces, magistrados y ministros, son quienes forman parte de ese poder público que determina asuntos tan relevantes en nuestra vida, como si estás o no en prisión; si liberan o no al delincuente que asesinó a alguien de tu familia o que dañó a tu comunidad; si el aumento de tu pensión se realiza con base en la UMA y no con base en el salario mínimo; si sales favorecido o no en un asunto mercantil o en un tema de herencia de bienes; es ese poder el que determina que algunos contribuyentes no paguen impuestos con el consecuente daño social al país; es el poder que decide si tendrás o no la custodia de tu hija o hijo; es el que determina si una elección para integrantes de otros poderes fue válida o no; el que decide si fuiste o no víctima de violencia de género; el que decide también respecto de si fueron vulnerados tus derechos laborales; el que determina si incurriste en una responsabilidad administrativa cuando ejerciste un encargo público; y un sinnúmero de etcéteras de decisiones que tienen a su cargo, sin que conozcamos cuál es su trayectoria y sin que hayamos tomado parte en la decisión de que ejerzan ese poder en nuestro nombre.
Pablo González Casanova, en su texto La Democracia de Todos, nos hace un recuento de los mecanismos que históricamente se fueron gestando para construir democracias excluyentes, y llama la atención sobre la necesidad de no abandonar la gran utopía de construir democracias no excluyentes. Repensar esa democracia no excluyente es, sin duda, el desafío que tenemos enfrente gracias a la propuesta de reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y profundizada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la mayoría de la LXVI Legislatura.
Hoy la mayoría de las mexicanas y mexicanos sabemos que el próximo 1 de junio daremos un paso para ir alcanzando esa utopía de democracia no excluyente, le demostraremos al mundo entero que es posible que el pueblo participe y elija a esa élite hasta hoy inalcanzable. Por primera vez, vamos a elegir a los integrantes del poder judicial y como en toda sociedad que se diga libre hay debate, hay libertad de expresión, y, en consecuencia, hay acuerdos y desacuerdos. Así que la novedad de estas últimas semanas ya no es tanto la reforma al poder judicial y las próximas elecciones, sino que una élite de “intelectuales de la democracia” se hayan dado a la tarea de llamar a no votar.
Yo soy partidaria de la posibilidad de disentir, porque como lo dijo en su momento el expresidente uruguayo Pepe Mújica, la libertad es para tener la posibilidad de pensar y de discrepar. Así que adelante con las críticas de la derecha y su empeño por continuar con un esquema de democracia excluyente, aunque no puedo dejar de decir, que me sorprende cada día más la incongruencia y el desapego a los principios de la democracia de los hoy promotores del abstencionismo. Resulta que exconsejeros del INE (institución encargada de cuidar y promover la democracia) llaman a no ejercer el derecho ciudadano a votar…así la vida y la situación de quienes en su momento el pueblo pondrá en el lugar que les corresponde.
La campaña antidemocrática de los conservadores e “intelectuales de la democracia”, no triunfará, porque el pueblo es sabio y sabe el valor que significa su poder y la necesidad de seguir repensando nuestra democracia para que ésta sea cada día más participativa e incluyente.
