Nada de esto ocurrió por inercia. Cada reunión, cada revisión técnica, cada cambio de redacción fue resultado de una convicción: el derecho a los alimentos no puede ser opcional ni negociable.

Por eso, el avance anunciado hoy no es menor. Representa un paso más en un esfuerzo que inició hace tres años y que ha exigido dedicación, constancia y resistencia política. Pero también debe decirse con claridad: la reforma está lejos de estar completa.

Todavía falta incorporar acciones legislativas fundamentales, como: que el Registro de Deudores Alimentarios tenga efectos en la compra–venta de bienes inmuebles,

que el Registro Civil esté obligado a dar vista al cónyuge cuando una persona esté inscrita, y que el Registro opere con criterios homogéneos, interconectados y eficaces en todo el país.

Porque un registro sin consecuencias reales es apenas un registro simbólico.

Lo que hoy celebramos es resultado de un trabajo que inició hace tiempo y que exige continuidad. Nunca es tarde para corregir el rumbo, para insistir, para empujar. Y mientras haya niñas y niños esperando justicia, tampoco será tiempo de rendirse.