Como diputada federal por Veracruz, he decidido romper el silencio sobre un proyecto que significa mucho más que infraestructura hospitalaria: representa la esperanza de cientos de familias que hoy luchan contra el cáncer. El Centro Oncológico para Córdoba no es un capricho administrativo, es un imperativo moral y constitucional que no puede seguir postergándose.

Nuestra Constitución, en su artículo 4º, establece con meridiana claridad que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, en Córdoba, este derecho fundamental se ha convertido en una cruel ironía. Hoy, de 329 pacientes oncológicos en la región, apenas 91 reciben algún tipo de tratamiento. Cada día de retraso no es un simple número en un expediente, es una sentencia para familias enteras que esperan una oportunidad de vida.

El diputado Rubén Moreira y yo hemos hecho un exhorto al IMSS y al Ayuntamiento de Córdoba para que se cumpla con un proyecto que ya cuenta con toda la viabilidad técnica y financiera. Los recursos están aprobados para los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025. Lo único que se interpone entre este proyecto y su realización es la más rancia burocracia. La Ley General de Salud no deja lugar a interpretaciones: el Estado mexicano tiene la obligación ineludible de garantizar el bienestar físico y mental de sus ciudadanos. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo el cumplimiento de un mandato constitucional. Un hospital no construido es un derecho negado, vidas potencialmente truncadas.

Se deben agilizar los trámites para la construcción de este Centro Oncológico. Un proyecto que no solo contempla un acelerador lineal, sino la ampliación del Hospital General a 260 camas, transformando completamente la capacidad de atención médica en nuestra región. No se trata de estadísticas frías. Se trata de personas. De padres, madres, hijos que esperan una oportunidad. 

El proyecto requiere una coordinación intergubernamental que va más allá de la simple voluntad administrativa. Los niveles de gobierno no pueden actuar como compartimentos estancados, especialmente cuando de salud se trata. El Ayuntamiento de Córdoba tiene ante sí una oportunidad histórica que no puede desperdiciar por mezquindades burocráticas o falta de visión estratégica. Un proyecto de esta magnitud representa un punto de inflexión para el desarrollo regional, una inversión que trasciende los periodos gubernamentales y se instala en el terreno de los derechos fundamentales.

La grandeza política no se mide por la capacidad de obstaculizar, sino por la habilidad de construir puentes y generar soluciones. Si el ayuntamiento encuentra limitaciones técnicas o financieras para concretar este proyecto, tiene la responsabilidad moral de buscar alternativas. Ello implica no temer a solicitar colaboración, sea al gobierno estatal de Veracruz o incluso a instancias federales que puedan complementar los esfuerzos locales. La suma de voluntades no es debilidad, es la más alta expresión de la responsabilidad institucional.

Un gobierno que no es capaz de reconocer sus propias limitaciones está condenado a la ineficacia. En este sentido, el Ayuntamiento de Córdoba tiene el deber de explorar todos los mecanismos de coordinación posibles. La salud de pacientes oncológicos no puede quedar supeditada a orgullos institucionales o disputas menores. Si se requiere la intervención del gobierno estatal, que así sea. Si se necesitan gestiones adicionales ante el IMSS o instancias federales, deben realizarse sin titubeos ni demoras. El único compromiso válido es con la vida de los ciudadanos. 

X: @lorenapignon_

Diputada Federal. PRI

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