Abogados de Veracruz señalaron que la Fiscalía General de Veracruz no ha sido del todo autónoma, además de que no se han generado los resultados que se requieren
Itzel Molina
Abogados de la entidad consideraron que el verdadero riesgo en la Fiscalía General del Estado es colocar a una persona que sea improvisada y que no se encuentre capacitada para asumir el cargo que le sea conferido.
La noche de ayer 25 de noviembre, el pleno del Congreso de Veracruz aprobó la reforma constitucional que permitirá que el Ejecutivo pueda proponer y remover a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, además de reducir el periodo del cargo de nueve a cuatro años.
Ante ello, los abogados señalaron que la Fiscalía no ha sido del todo autónoma, además de que no se han generado los resultados que se requieren, especialmente en las investigaciones de las carpetas abiertas por varios delitos.
El abogado Óscar Domínguez Méndez indicó que la eventual sustitución de la persona titular de la Fiscalía General del Estado no es, en sí misma, negativa, ya que podría resultar saludable para el sistema.
Indicó que este es un espacio que debe ocupar una persona con preparación técnica, experiencia jurídica y la visión institucional.
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“El verdadero riesgo radica en lo contrario: imponer a una figura improvisada, carente del conocimiento jurídico, de criterio técnico o de comprensión del sistema de procuración de justicia porque entonces la curva de aprendizaje la pagaríamos muy caro todos los veracruzanos, especialmente aquellos que hoy claman por justicia”, dijo.
Refirió que un segundo escenario es que se realice un nombramiento de una persona que, aunque tenga la preparación, responda a intereses políticos, personales o faccionales, poniendo en riesgo la autonomía constitucional de la Fiscalía.
“En ese caso, la justicia se contamina, los derechos humanos se vulneran, y se destruye todo principio de legitimidad, certeza y confianza social”, expuso,
Consideró que reducir el periodo no es necesariamente la solución para atender el tema de retraso en la Fiscalía; sin embargo, cuatro años podrían ser suficientes para demostrar que se pueden registrar resultados.
“Si se elige correctamente a la persona, incluso podría actuar de manera eficaz y ser ratificada. Lo verdaderamente preocupante es que la propuesta otorga al Poder Ejecutivo un margen peligroso de intervención, que podría traducirse en control político sobre una institución que, por mandato constitucional, debe ser autónoma”, opinó.
Recordó que a nivel nacional las Fiscalías Generales cuentan con autonomía constitucional, lo que significa que en teoría y en derecho, no debe existir intromisión alguna del poder político en sus decisiones.
“Volver a esquemas del pasado, ya probadamente ineficaces, sería no solo un retroceso institucional, sino una señal muy preocupante frente a organismos internacionales que han recomendado fortalecer la independencia de estos órganos. Los sesgos políticos y las interferencias en la procuración de justicia no solo ponen en riesgo el sistema, sino que pueden generar un desencanto social de dimensiones mayores. Lo más grave: la impunidad se convierte en el sello distintivo de los sistemas que fracasan”, manifestó.
El abogado Víctor Adrián Galindo García aseguró que la reducción del periodo de nueve a cuatro años podría traer consigo resultados que permitan una verdadera aplicación de justicia; sin embargo, se perderá la autonomía de la Fiscalía.
“De inicio se tenía contemplado que el periodo sería de nueve años y se ejercería de manera autónoma para que el titular tuviera todos los elementos para realizar sus actividades de manera puntual, no obstante hemos visto que la Fiscal no ha estado a la altura”, dijo.
Señaló que desafortunadamente quienes han estado al frente de la Fiscalía General del Estado no han generado los resultados que la población merece.
“No hemos visto que quien esté al frente de la Fiscalía de cumplimiento al primer mandato que es la investigación de las carpetas, de las conductas que laceran de manera incisiva a la sociedad veracruzana”, comentó.
Puntualizó que, contrario a ello, los penales de la entidad “se llenaron” de personas que fueron detenidas por consigna o encomienda política.
“Se llenaron los penales de personas que por consigna, por encomienda, por capricho o simplemente por buscar chivos expiatorios están presas”, aseveró.
Destacó que aunque desde hace varios años se buscó darle autonomía a la Fiscal fue para que actuara en el ejercicio de sus funciones, los resultados no han sido los esperados.
“Se realizó esta modificación de nueve a cuatro años para evaluar el trabajo de la Fiscalía, a fin de tener resultados, lo que podría beneficiar a las personas que están esperando justicia”, comentó.
Finalmente, manifestó que la modificación a la Constitución del Estado de Veracruz podría ser un acto positivo “del gobernado, del gobernante, pero es un ejercicio de unificación de criterios tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo que deben estar en concordancia”.
