Voces veracruzanas resuenan para exigir verdad y justicia por caso Ernestina Ascencio

Ariadna García

Señaló que este es un caso emblemático para las organizaciones de defensa de los derechos humanos por el contexto que se vivía hace 18 años.

Sostuvo que, el que se tratara de una mujer adulta de la zona de Zongolica, es relevante porque ante la impunidad que existió, la familia no puede cerrar el duelo.

“Escuchar es doloroso porque en aquel tiempo era impotencia porque nosotras nos estábamos conformando y no teníamos la experiencia que hoy tenemos, nos pronunciamos, había miedo también de los colectivos por el contexto que sigue habiendo en Veracruz”.

“Que se investigue como un feminicidio y se meta a la cárcel a los responsables a pesar de que ya pasaron tantos años, debe de llegar la justicia”.

Y es que, remarcó, la sentencia ayudará no solamente a la familia de Ernestina sino a la comunidad y el país que está exigiendo justicia.

“Sabemos que en la resolución de la corte viene que el Estado cumpla y ahí viene otro desafío de que se investigue con una debida diligencia reforzada”.

Expuso que si bien los casos tardan muchos años en llegar a la CIDH, cuando lo hacen, se vuelven fundamentales para cambiar temas estructurales sobre todo cuando están implicadas autoridades, en este caso los militares.

“Nos parece importante que las organizaciones y la familia no desistieron y logran llegar a este momento que sí es importante siempre para la justicia en México”.

El desafío para los derechos humanos

Sostuvo que una vez que se emita la sentencia, el gran desafío será que el estado mexicano les dé cumplimiento.

Por ello, expuso que se espera que el nuevo gobierno estatal empuje el trabajo de la FGE para que se haga justicia y haya cumplimiento de la resolución que se espera sea a favor de Ernestina Ascencio.

Por su parte, la docente de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana Mayra Ledesma Arronte consideró que una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita su sentencia, se tendrá que presionar para que el Estado Mexicano y las autoridades locales cumplan con ello.

“Han pasado 18 años desde el crimen y eso es lo más lamentable, que pasen tantos años y que tenga que ser una instancia internacional después de muchos años y mucho trabajo para decirle al Estado lo que estuvo mal”.

Aunado a ello, señaló, se está juzgando el papel de la Fiscalía General del Estado de Veracruz porque no quisieron tomarle la denuncia por hablar en náhuatl, archivaron todo el proceso de la investigación, y desestimaron que la familia buscara justicia por lo que fueron amedrentados.

“También hubo una presión mediática por el caso porque el presidente de entonces declaró que había muerto por una gastritis, una tontería de esas y por otro lado lo que se juzga es que hubo ocultamiento de la información pública garantizando así la impunidad de los perpetradores”.

Así, remarcó, lo que se espera es una sentencia en contra del estado mexicano por todas estas agravantes.

¿Qué es la CIDH?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene competencia contenciosa para emitir sentencias vinculantes para los estados miembros del sistema interamericano de derechos humanos del que México es parte, explicó.

“Por tanto esta Corte puede ordenar al estado mexicano que adopte medidas de reparación, de indemnización, restitución de derechos o satisfacción y entendemos que la sentencia saldrá en el sentido de emitir todas estas medidas”.

Una vez que salga la sentencia el estado mexicano tendrá que cumplir e informarle a la Corte cómo va a adoptarlas y darles cumplimiento, mientras que la CIDH tiene la autoridad para supervisarlo y en caso de incumplimiento, adoptar las medidas necesarias o adicionales.

Necesario dignificar la memoria de Ernestina

Dijo que la audiencia realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se juzga al Estado mexicano por el caso de Asensio Rosario, es un largo proceso que inicia con el indignante ataque contra ella, justo en un momento donde el país iniciaba el proceso de militarización de la seguridad ciudadana.

Explicó que hay una serie de factores que contribuyen a que la respuesta por parte del Estado Mexicano negara la justicia para Ernestina.

En un primer momento, rememoró, la información con la que contaban las organizaciones que en ese entonces estaban impulsando diferentes políticas públicas para la protección de los derechos de las mujeres, fue que había sufrido un ataque una mujer adulta mayor en la Sierra Zongolica.

Refirió que es un caso cuya atención por parte de las instituciones obedece más a una política que fue implementada por el entonces presidente Felipe Calderón y en el que se empieza a tener un manejo confuso e inadecuado del caso.

“De pasar de un peritaje donde se establecían estas lesiones y donde incluso se habían tomado muestras que daban cuenta de esta violencia sexual, pues establece que había muerto por gastritis y enfermedades asociadas a la pobreza”.

Recordó que, en ese entonces, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también entró al “cruce de declaraciones” por parte del entonces gobernador del estado y de funcionarios que no garantizaron para la familia la verdad y la justicia.

“Por eso nos parece tan significativa esta audiencia, que se valoren todos los elementos, por ejemplo, del expediente que fue censurado en su versión pública en ese entonces, que se escuche la información que la familia de la señora Ernestina tiene y que se establezcan cuál fue la actuación del Estado mexicano”.

Y que subrayó, la familia y la sociedad tienen derecho a la verdad y la justicia y al mismo tiempo a dignificar la memoria de la señora Ernestina.

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