Exposición de infantes a conflictos entre padres, es la violencia que más se ha normalizado: especialista

Maribel Sánchez

Menciona que ya hay manuales específicos para juzgadores que atienden casos de custodia, resaltando que las resoluciones deben estar alineadas con los derechos de infantes y adolescentes.  

Destaca la importancia de comunicar las decisiones de manera clara y accesible, utilizando materiales con dibujos y lenguaje sencillo.

Pone como ejemplo el caso de una resolución judicial sobre custodia, en la cual  se le debe explicar al menor de edad por qué vivirá con su madre, asegurando que también tendrá derecho a convivir con su padre. 

La postura de la exprocuradora estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes subraya la necesidad de que los procesos legales sean comprensibles y se priorice el bienestar emocional.

Se debe combatir el acoso escolar en Veracruz

Si la escuela no actúa, recomendó acudir a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que puede intervenir y canalizar el caso a otras instancias en situaciones graves.

En este contexto, destacó la existencia de la Ley 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 122 establece la presencia de procuradurías en los 212 municipios del estado. 

Estas dependencias cuentan con equipos multidisciplinarios capaces de atender casos de acoso escolar y proteger los derechos.

Sobre la justicia para adolescentes, Madrigal explicó que los menores que cometen delitos son procesados bajo un sistema diferenciado, con penas limitadas a cinco o seis años, considerando su edad y desarrollo. 

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Según la Constitución, si una conducta no llega a ser clasificada como un delito, los DIF municipales de la localidad donde reside el niño o adolescente deben intervenir. 

Subraya la importancia de abordar los problemas desde una perspectiva preventiva y de apoyo emocional, en lugar de solo desde el ámbito legal.

Sobre algunos comentarios de la población en torno a lo que consideran penas mínimas para algunos delitos, defiende la legislación que establece sentencias diferenciadas. 

Destaca que cada persona, ya sea en el rol de padre, madre, tío, abuelo, amigo o cualquier otro vínculo en la comunidad, tiene una responsabilidad con ellos. 

“La clave está en respetar sus derechos y hacerles entender, con un lenguaje claro y transparente, que ellos tienen un interés superior que debe prevalecer”.