Historia y controversias de la UPAV: acusaciones de fraude y crisis que obligaron al Estado a tomar control
Fue creada oficialmente el primero de agosto de 2011 mediante la Ley 276 del Congreso del Estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa
Ariadna García
Nació con la idea de ampliar oportunidades para los jóvenes particularmente aquellos que quedaban fuera de la Universidad Veracruzana y llegar a las zonas de mayor marginación.
IVEA, precedente de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz
Controversias sobre validez de títulos y señalamientos de fraude
Desde años anteriores, la UPAV ha enfrentado cuestionamientos sobre la validez de sus títulos fuera y dentro de Veracruz.
En 2014, autoridades de Oaxaca alertaron que los grados expedidos por la UPAV no eran reconocidos fuera del estado, y exalumnos señalaron que algunas universidades no aceptaban los créditos obtenidos en esta institución.
Actualmente, la UPAV se sostiene mediante una combinación de subsidios del Gobierno del Estado de Veracruz e ingresos propios provenientes de las cuotas de inscripción y otros pagos realizados por los estudiantes.
Por la rectoría de la UPAV han pasado:
Crisis institucional y protestas recientes
Además, alumnos aparecieron dados de baja en el sistema tras fallas no explicadas con claridad, lo que generó alarma sobre la continuidad de su estatus académico.
Hubo movilizaciones y protestas en varias ciudades, incluidos bloqueos de carreteras y manifestaciones públicas, para exigir pagos, nombramiento de rector y certeza institucional.
Explicaron que los asesores llevaban meses sin recibir salario y, por ello, estaban sin clases sin que recibieran alguna explicación.
En estos movimientos participaron tanto alumnos como docentes de diversas carreras, quienes denunciaron falta de estabilidad administrativa y cuestionaron la transparencia en el manejo de recursos.
Intervención del Estado y postura de Rocío Nahle
Recientemente la gobernadora Rocío Nahle García anunció que la UPAV pasará a estar completamente bajo el control del Estado.
El objetivo, según la mandataria estatal, es dar certeza legal y administrativa a estudiantes y trabajadores, y erradicar la opacidad que ha rodeado la gestión de recursos.
Además, Nahle informó que los instructores solidarios serán contratados por horas o períodos, bajo un nuevo esquema que no los incorpora al sistema magisterial estatal o federal, pero que busca regularizar la forma en que se les remunera.
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