Proponen penas y sanciones más estrictas para quienes contaminen o extraigan ilegalmente el agua

Miguel Salazar

Precisan que las sanciones administrativas y penales deben ser más estrictas, porque en ocasiones se prefieren pagar multas que actuar de forma legal para el aprovechamiento del recurso.

Hoy 7 de febrero se lleva a cabo en los instalaciones de la Conagua, en esta ciudad, el foro “Transformando el Régimen del Agua en México, hacia una Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales”.

La Conagua designó como moderadores a Judith Domínguez Serrano, especialista del Colegio de México; Juan Cervantes Pérez, académico de la UV y Miguel Ángel González Salazar, certificado en gestión de proyectos.

Los moderadores señalan que el agua debe ser un tema prioritario en las agendas públicas y que el tema debe abordarse desde el régimen jurídico para darle protección.

También dicen que se deben tomar en cuenta los embates del calentamiento global y la escasez del agua a causa de la variabilidad climática.

Exponen que en la entidad las situaciones muy compleja debido a los factores geográficos, económicos y culturales.

Asimismo, piden no pasar por alto las comunidades rurales, tras sostener que hay algunas de mayor marginación y que por ello no tienen acceso al agua.

Según ellos, se estima que aproximadamente 10 millones de personas que viven en comunidades rurales del país carecen de agua potable.

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Incluso, manifiestan que las zonas rurales y las comunidades indígenas suelen ser las que más cuidado le dan al medio ambiente y que a pesar de ello algunas carecen del abasto.

Necesario contar con marco jurídico

José Antonio Zamora Gayosso, subdirector general de Administración de la Conagua, se dirigió a los presentes y dijo que es importante contar con un marco jurídico que garantice un equitativo, eficiente y uso sustentable del agua en México.

Además, precisa que el agua es importante para consolidar la soberanía alimentaria del país.

“Es innegable el hecho que enfrentamos grandes desafíos, como el cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y la creciente demanda en todos los sectores”, abunda.

Ante esa realidad, dice que no basta con administrar, sino también transformar la manera en que se gestiona el agua.

Cada opinión, propuesta enfocada en el cuidado y la preservación del agua, garantizó que será empleada para impulsar las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General de Aguas.

Penas y sanciones más severas

Lo anterior, según ella, se debe a que hay quienes prefieren pagar a las multas en lugar de ponerse en orden para realizar un aprovechamiento adecuado del recurso.

“La vida no existe, ni el desarrollo, ni el progreso, no la justicia social sin agua; a pesar de su carácter esencial, el agua está cada vez más en peligro debido a la contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático”, señala .

Destaca que el Poder Legislativo juega un rol primordial, pues entre sus funciones se encuentra la formulación y actualización del marco jurídico en la materia, a fin de garantizar el derecho humano al agua.

Asimismo, dice que “el saneamiento consagrado en la Constitución para que todo mexicano tenga acceso al agua en calidad y cantidad está vinculado con los objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU”.

Agrega que “todos los estados miembros de las Naciones Unidas establecen una visión común para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos con un enfoque claro en la sostenibilidad”.

Dentro de esa agenda, según la legisladora, se cuenta con una serie de metas específicas que incluyen la reducción de la contaminación del agua, la mejora de la eficiencia en su uso y la protección de los ecosistemas acuáticos.

También manifiesta que los legisladores tienen el deber de hacer una revisión integral a la Ley de Aguas Nacionales que data desde 1992 y con ello lograr los consensos y acuerdos necesarios para garantizar la preservación y disponibilidad del agua.

Enfoque mercantil y derecho humano

La Ley de Aguas Nacionales promulgada en 1992 tenía un enfoque profundamente mercantilista, centrando su atención en materia de explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales, señala el secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop).

Desde su expedición, dicha ley solo ha tenido únicamente 10 reformas y pocas de ellas con una visión humanitaria y comprometida con el desarrollo sustentable, agrega.

En la actualidad, según él, se da por sentado que el debate del reconocimiento del derecho humano del agua está superado.

Por lo anterior, dice que es necesario e importante expandir dicha ley general para que se determine de manera precisa y oportuna las modalidades de consumo.

Además, con ello se definirá la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno, se regularán los sistemas comunitarios de agua y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana.

Privatización genera rezago

“La privatización nos ha llevado a tener un rezago importante que nos prolonga el garantizar el derecho humano al agua”, dice el director del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Conagua, Pablo Robles Barajas.

Según él, “México vive al acecho de intereses desproporcionados que buscan acabar con nuestros recursos”.

Además, “el cambio climático, consecuencia de una voracidad lucrativa, quiere hacer del agua un negocio”.

También manifiesta que “hoy más que nunca debemos ser más enfáticos en el saneamiento y reutilización del agua, así como en su aprovechamiento eficiente para el desarrollo”.

Asimismo, advierte que es urgente mantener las condiciones para preservar y recuperar el ciclo del agua y que termines importante “el no olvidar que este recurso nacional debe estar al alcance de todos”.

El foro “Transformando el Régimen del Agua en México, hacia una Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales” tiene el objetivo de generar espacios de diálogo y propuestas que fortalezcan el derecho humano al agua.

Previamente, se ha llevado a cabo en la Ciudad de México, Baja California, Sonora, Yucatán Chiapas, Sinaloa y Oaxaca.

Hoy se lleva a cabo en Xalapa y del 10 al 14 de febrero las sedes serán Tamaulipas, Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Morelos, según la agenda de la Conagua.