Sala Regional Xalapa confirma violencia política de género contra alcaldesa de Villa Aldama; síndico lanzó amenazas e insultos

Itzel Molina

El pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron la comisión de violencia política en razón de género cometida contra Guadalupe Romero Sánchez, presidenta municipal de Villa Aldama.

En sesión pública se resolvió el asunto SX-JDC-814/2025, por el que Fidel Hernández Gutiérrez, síndico de este ayuntamiento buscaba revertir la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz con la se señaló que tanto él como otras dos personas integrantes del Cabildo han incurrido en violencia política contra la alcaldesa.

En el resolutivo se indicó que la resolución del tribunal local se basó en acciones debidamente acreditas y analizadas en su conjunto, ya que se identificó la intención de obstaculizar y limitar las acciones de la alcaldesa por el simple hecho de ser mujer.

En septiembre pasado, el TEV determinó que Guadalupe Romero Sánchez, presidenta municipal de Villa Aldama, es víctima de violencia política contra las mujeres ejercida por los ediles que integran el Cabildo del ayuntamiento que dirige.

La presidenta municipal señaló al Tribunal federal que hubo actos y omisiones que, a su decir, obstaculizan el ejercicio del cargo para el que fue electa y le ocasionan violencia política en razón de género contra las mujeres.

Ante ello, se analizaron las pruebas presentadas y se determinó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género ejercida en su contra, ya que las conductas acreditadas estuvieron dirigidas a inhibir sus funciones como presidenta municipal.

Además, se determinó que las acciones lograron invisibilizarla y discriminarla por el hecho de ser mujer, “lo que recrea un imaginario colectivo negativo, y por tanto, es suficiente para considerar que se cometió violencia política en contra de la actora en razón de su género”.

De la misma forma, se determinó que se vieron afectados sus derechos a ejercer el cargo para el que fue electa libre de toda violencia, ya que en varias ocasiones, diversas autoridades del ayuntamiento han expresado palabras agresivas e intimidantes hacia su persona, en especial por el hecho de ser mujer.

La alcaldesa denunció la existencia de una “cámara espía de vigilancia” dentro de una lámpara instalada en la oficina de la Presidencia Municipal, hecho que fue declarado infundado de parte del Pleno, pues aunque se acreditó la existencia del objeto mencionado, no se corroboró la autoría de la o las personas que la colocaron en las oficinas.

Medidas cautelares

En octubre de 2023 la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral impuso a su favor medidas cautelares en la vertiente de tutela preventiva para evitar que las conductas de violencia política, simbólica y económica por parte de sus compañeros ediles se repitieran.

En ese entonces se determinó que la comunicación entre la alcaldesa y sus compañeros ediles sea por escrito.

La alcaldesa denunció que se le amenaza e intimida al personal que colabora con ella y se le obligaba a destituirlos, se realizaban reuniones de trabajo sin su consentimiento, en las sesiones de Cabildo se incluían puntos sin previa circulación, y sus compañeros ediles se tomaban atribuciones que no les competen.

Caso del extesorero del Comité Directivo del PAN

En la misma sesión, se presentó el recurso SX-JDC-827/2025, presentado por Mizráim Eligio Castelán Enríquez, extesorero del Comité Directivo estatal del PAN, quien buscaba revertir la determinación del TEV por la que se aprobó su remoción del cargo, registrado en los primeros días de diciembre.

Sin embargo, los magistrados consideraron que las acciones establecidas por el partido ante su remoción fueron válidas y basadas en los estatutos del propio PAN.

El pasado 9 de diciembre, el dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, confirmó la remoción del tesorero Mizraim Eligio Castelán Enríquez, a quien se le señaló de cometer “errores y omisiones en las comprobaciones de gastos”.

El líder del partido albiazul indicó que la remoción fue desde el ámbito nacional, pero el procedimiento de investigación inició desde el Comité estatal.

“Fue el Comité Nacional (el que destituyó), aunque nosotros iniciamos el trámite aquí”, expuso.

Ante ello, indicó que está a la espera de recibir indicaciones respecto a la persona que estará encargada de la tesorería.

La remoción se dio luego de que el Comité Ejecutivo Nacional documentó un quebranto por más de 5.2 millones de pesos en viáticos y gastos por comprobar, además de algunos incumplimientos administrativos, tributarios y de fiscalización en la tesorería del Comité Directivo Estatal que estaba a cargo de Mizraim Eligio Castelán.

Desde el ámbito nacional se dio a conocer que al realizar un análisis de la comprobación de gastos se identificó el uso de 5 millones 266 mil 228.86 pesos en gastos por comprobar, de los cuales 5 millones 024 mil 207.92 pesos corresponden a viáticos.

En el desglose de las cifras, se indica que 2 millones 176 mil 048.03 pesos fueron asignados a Mizraim Castelán, monto que no ha sido solventado.

Además, se incluye en la lista a varios colaboradores a los que les fueron asignados recursos que no han comprobado.

El documento establece que entre 2023 y 2024 se realizaron transferencias desde la cuenta del partido hacia la cuenta personal del tesorero por un total de 2 millones 873 mil 344.65 pesos.

De esta cifra únicamente 697 mil 296.62 pesos fueron comprobados, lo que dejó pendientes por más de 2 millones de pesos.

Como parte de las pruebas, el Comité Ejecutivo Nacional integró anexos se incluyen pólizas, archivos y bases de datos que acreditan estos movimientos.

El diagnóstico también señala que el despacho externo encargado de auditar 2023 no recibió la información necesaria para emitir dictamen.

De la misma forma, durante la entrega–recepción, el encargado de despacho reportó la sustracción de un CPU con contratos, facturas, estados financieros y documentación contable.

Las medidas también establecen la falta de entrega de información, la ausencia de documentación soporte, la imposibilidad de integrar estados financieros confiables y la negativa a atender auditorías contribuyeron a la retención de prerrogativas en distintos periodos.

Al concluir la revisión, se determinó que las conductas acreditadas actualizan los supuestos para iniciar la remoción del tesorero, así como intervenir la tesorería estatal conforme a lo establecido en los estatutos generales y en el Reglamento para la Administración del Financiamiento del Partido.