Caso Ernestina Ascencio: familia y representantes exigen cumplir sentencia de la CIDH
En un posicionamiento, señalaron que la decisión de la CIDH reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas
Aunque se buscó un posicionamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz sobre la sentencia emitida, se informó por parte del área de prensa, que ya existía un pronunciamiento por parte del gobierno federal al respecto.
Organizaciones celebran importancia histórica de la decisión
En consecuencia, subrayaron, la Corte determinó que el Estado incurrió en violencia institucional en perjuicio de Ernestina Ascencio Rosario y de sus familiares.
¿Cuáles son las medidas que debe cumplir el Estado?
El Estado, por ello, deberá informar dentro de un año sobre el cumplimiento de estas medidas y la Corte lo supervisará hasta su plena implementación.
¿Qué han dicho familiares y representantes de Ernestina Ascencio Rosario tras la sentencia emitida?
¿Cuáles fueron las organizaciones promoventes?
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Tras casi 19 años de impunidad, la Corte declaró la responsabilidad del Estado por la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena nahua agredida por miembros del Ejército Mexicano / Foto: X: @DavidVargasA18
Organizaciones peticionarias en el caso de Ernestina Ascencio Rosario solicitaron que se aclare quién será el órgano encargado de realizar una nueva investigación penal exhaustiva sobre la violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena, además de la forma en la que se va a ir atendiendo cada medida y hacer la reparación del daño.
Tras el fallo emitido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, el cumplimiento de la sentencia dada en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl, monolingüe, víctima de violencia sexual en 2007, las organizaciones señalan que no se sabe con claridad si será la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz que encabece las investigaciones. Por ello, insisten en la necesidad de una “hoja de ruta” que determine la forma para cumplir lo ordenado por la Corte.
De acuerdo con representantes de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la responsabilidad de cumplimento la tienen tanto la FGE como la FGR.
Le corresponde a ambas realizar la investigación pero lo más probable es que sea el gobierno federal quien defina. Por eso estamos solicitando una hoja de ruta al gobierno federal sobre como se va a ir atendiendo cada medida y hacer la reparación del dañoCoordinadora Nacional de Mujeres Indígenas
Al respecto, Arlet García López del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara AC (Cesem) destacó que en todo momento, las organizaciones peticionarias en el caso de Ascencio Rosario solicitaron que fuera la FGR, la que iniciara la investigación exhaustiva sobre lo ocurrido hace casi 19 años. Añadió que al tratarse de una sentencia al Estado mexicano le correspondería al gobierno federal su cumplimiento.
“Las organizaciones peticionarias solicitamos en todo momento que fuera la Fiscalía General de la República quien iniciara una investigación exhaustiva. Todas las recomendaciones de la CIDH las hace al Estado mexicano mediante las autoridades federales”, remarcó.
Ejército quedó en la mira de autoridades internacionales por caso de Ernestina Ascencio / Foto: Ricardo Martínez/Diario de Xalapa
Luego de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la familia de Ernestina Ascencio Rosario y sus representantes, señalaron que este fallo reviste una importancia histórica que permitirá abordar las múltiples barreras que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a la justicia frente a la violencia y discriminación por razones de etnia, género y exclusión económica, al declarar que las violaciones perpetradas por el Estado en perjuicio de las víctimas, fueron resultado de la violencia institucional, la discriminación estructural y la violación del derecho a la verdad, que derivaron en la impunidad de los responsables.
Y es que, tras casi 19 años de impunidad y denegación de justicia por parte del Estado mexicano, la Corte declaró su responsabilidad internacional por la violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena nahua monolingüe de 73 años, agredida en febrero de 2007 por miembros del Ejército Mexicano en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
Dijeron que, la sentencia avanza en la protección de las personas mayores al declarar que adquiere un carácter reforzado cuando la edad se cruza con otros factores de vulnerabilidad, como el género y el origen étnico, particularmente en contextos de militarización, donde se agravan las condiciones de violencia, exclusión y discriminación estructural.
Además, señalaron, la Corte IDH reiteró el reconocimiento de los obstáculos estructurales que enfrentan los pueblos y las personas indígenas en el acceso a la justicia como resultado de las dinámicas históricas de discriminación, marginación y exclusión social y ordenó al Estado adoptar medidas para su eliminación.
El análisis sistemático que realizó la Corte de los factores que garantizaron impunidad a los responsables, tales como las declaraciones públicas de altas autoridades, incluido el entonces Presidente de la República, hace visible la manera en que la conducta estatal condujo a perpetuar la discriminación, la impunidad y a profundizar la situación de vulnerabilidad de la señora Ernestina y de su familia, apuntaron.
“Esta manera de abordar y analizar la actuación del Estado ofrece a las fiscalías y a quienes imparten justicia, una metodología para asegurar una actuación en el marco de las garantías del debido proceso y la protección judicial centrada en los derechos de las víctimas y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan por razones étnicas, de género y cualquier otro factor de discriminación”.
En consecuencia, remarcaron, la Corte ordenó al Estado, entre otras medidas de reparación, realizar una investigación penal exhaustiva y seria en un plazo razonable, de la violación, tortura y muerte de doña Ernestina, que derive en la sanción de los responsables; adoptar medidas de satisfacción y rehabilitación, como brindar atención médica y psicológica culturalmente adecuadas a sus familiares; hacer pública la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; y otorgar becas de estudios básicos, técnicos y/o universitarios a nietos y nietas de Ernestina Ascencio que así lo deseen.
También ordenó al Estado mexicano, recordaron, implementar un programa de formación y capacitación de servidores públicos en los aspectos señalados en la sentencia; a fortalecer el centro de salud ubicado en el municipio de Soledad Atzompa; a adoptar medidas en materia de salud y justicia con perspectiva de género, étnica y etaria; a atender las barreras lingüísticas que enfrentan las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz; y a elaborar un registro nacional de intérpretes de lenguas indígenas.
La Corte determinó que el Estado incurrió en violencia institucional en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario y de sus familiares / Foto: Ricardo Martínez/Diario de Xalapa
Luego de conocer la sentencia, Martha Inés Asencio, hija de Ernestina Ascencio, manifestó: “Estoy muy contenta porque nosotras solas no sabíamos qué íbamos a hacer y ustedes nos apoyaron. Ahora con la sentencia, ya sabemos que sí nos hicieron caso. A tres meses de cumplir los 19 años de la muerte de mi mamá, hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”.
Para Patricia Benítez Pérez, coordinadora del CESEM, “la sentencia de la Corte IDH honra la memoria de doña Ernestina Ascencio Rosario. La verdad acallada durante 19 años de la familia Inés Ascencio ha sido dignificada en el más alto Tribunal de justicia en la región, que respalda la verdad y las palabras que en vida expresó doña Ernestina: ´Pinomeh xoxokmeh nopan omotlahtlamotlakeh´ -Los hombres de verde se me echaron encima-”.
En la opinión de Julia Marcela Suárez Cabrera, representante de AJDH, “el reclamo que emprendimos para conocer la verdad sobre los agravios perpetrados contra doña Ernestina y su familia, posibilitó que la Corte IDH les brindara justicia y ordenara al Estado la implementación de medidas de reparación para las víctimas y de no repetición, que garanticen los derechos de las mujeres indígenas en México”.
Las representantes de las víctimas consideraron que la jurisprudencia emitida por la Corte en este caso será una herramienta fundamental en la lucha contra el racismo estructural que como en el presente caso se manifiesta con la discriminación racial que enfrentan las mujeres indígenas y otros sectores históricamente discriminados que buscan protección judicial frente a las violencias ejercidas en su contra.
“La sentencia llega luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, de búsqueda ininterrumpida de la verdad, la justicia y la reparación sin resultados, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso ante la Corte IDH en el 2023. La prolongada falta de respuestas estatales adecuadas consolidó hasta el día de hoy, un escenario de impunidad y violación del derecho a la verdad que la decisión de la Corte IDH busca corregir y que refleja las fallas estructurales del Estado en la garantía integral de los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial, del derecho a una vida libre de violencia y discriminación, el derecho a una vida digna, así como a tener las garantías adecuadas de acceso a la verdad y la justicia”.
Las organizaciones Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C. (CESEM), Kalli Luz Marina A.C., la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, representantes de las víctimas, confirmaron que fueron notificadas de la sentencia y pidieron cumplimiento cabal y sin dilación.
