CIDH pide a México respetar el debido proceso en el caso del periodista detenido en Coatzacoalcos
A través de la Relatoría Especial, exige a las autoridades desarrollar un debido proceso judicial
Miguel Salazar y Maribel Sánchez
Además, ese organismo dijo que tiene registrado el caso y que se encuentran al tanto de su desarrollo.
La Relatoría Especial de la CIDH tiene el mandato general de vigilar, proteger y estimular el derecho a la libertad de expresión en América, según ese organismo.
Detención del periodista Rafael “N” en Coatzacoalcos
A través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH señala: “México La @RELE_CIDH registra los reportes públicos sobre la detención del periodista Rafael en Veracruz, el #24DIC”.
Además, insiste en que monitorea de cerca el caso y pide a las autoridades a respetar las garantías judiciales y desarrollar un debido proceso.
Tras su captura, el periodista de fuentes policiacas quedó a disposición de un juez, que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
Mientras tanto, la FGE detalló que los delitos que se le atribuyen se encuentran tipificados en el artículo 311 del Código Penal del Estado.
La audiencia de seguimiento estaba programada para hoy, pero el indiciado solicitó la duplicidad del término constitucional, que vencerá el 30 de diciembre, para reiniciar actividades a las siete de la mañana de ese día.
Mientras tanto, la abogada Leticia Zurita Dávila, quien tuvo un altercado con el periodista a causa de la cobertura de un accidente en el que estuvieron involucrados sus familiares, negó haber procedido en contra del comunicador.
Sostuvo que ese día se le acercó a Rafael y le pidió que le dejara hacer una llamada para pedir una ambulancia. El incidente sucedió en Coatzacoalcos.
También negó que lo haya amenazado y reiteró que es ajena a la situación que enfrenta el comunicador.
Periodistas de la Huasteca alertan riesgo a la libertad de prensa por detención de reportero en Veracruz
En el pronunciamiento, la organización expresó su rechazo al actuar de las autoridades y demandó que el caso sea esclarecido de manera inmediata, con total transparencia y estricto apego al marco jurídico.
El gremio periodístico sostuvo que resulta inadmisible que un comunicador sea señalado por delitos graves en un contexto vinculado con su labor informativa y advirtió sobre el impacto que este tipo de acciones tiene en la libertad de prensa.
Ante este escenario, la organización solicitó la intervención de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para garantizar el respeto pleno a los derechos humanos y al debido proceso del periodista detenido.
De igual forma, pidió la participación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de que se salvaguarden las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión.
El gremio también exigió la intervención inmediata de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), para que se otorgue protección integral al comunicador.
La Unión de Periodistas de la Huasteca A.C. expresó su respaldo total a su colega y al gremio periodístico en general, y aseguró que se mantendrá vigilante en la defensa del ejercicio periodístico libre y seguro.
El contexto del pronunciamiento se da tras la detención del reportero de nota roja Rafael “N”, ocurrida el miércoles 24 de diciembre en Coatzacoalcos, Veracruz.
De acuerdo con su hijo, durante el proceso se habrían presentado irregularidades por parte de la Fiscalía General del Estado.
La orden de aprehensión se ejecutó durante las primeras horas de ese día dentro del proceso penal COA 718/2025, emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos.
Sobre el caso, la gobernadora Rocío Nahle García declaró que la detención no guarda relación con la libertad de expresión, sino con un proceso legal en curso.
La mandataria estatal informó que solicitará a la Fiscalía General del Estado un informe detallado sobre la detención y precisó que no puede proporcionar más información para no violar el debido proceso.






























