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Méxicoviernes, 21 de noviembre de 2025

“No ha pagado ni la mitad del daño”: veracruzanos celebran fallo que mantendrá a Javier Duarte en prisión

Aún tiene una deuda pendiente con los veracruzanos, dicen representante de jubilados, abogado y dirigente sindical; debería regresar hasta el último centavo, señala empresario

Miguel Salazar

El exgobernador se presentó a audiencia para definir su situación jurídica en cuatro ocasiones: la primera, el 5 de noviembre; la segunda, el 11 de noviembre; la tercera, el 19 de noviembre y la última hoy 21 de noviembre, cuando finalmente se dio el fallo en su contra.

A Javier Duerte le falta cumplir con la condena moral y social

A la fecha, el exmandatario supera el 90% de su condena y con ello pudo haber gozado de la preliberación, “como cualquier interno”.

Sin embargo, precisa que otro requisito importante consiste en el hecho de que haya tenido un buen comportamiento en prisión y que cumpliera con las normas de reinserción.

Aún no termina de pagar el daño a Veracruz

El exgobernador no ha terminado de pagar el daño que le hizo a Veracruz, sostiene José Luis Ávila Hernández, secretario de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Profesor Elpidio Domínguez Castro”.

Según él, el exmandatario aún debe responder por otros delitos, como el de desaparición forzada y abuso de autoridad.

“El que la hace la paga, no hay escapatoria”, manifiesta, tras insistir en que “no termina de pagar el daño, ni la mitad”, de lo que le hizo al estado.

Sostiene que el exmandatario veracruzano debe seguir en prisión, porque quedó mal con todos los sectores durante su mandato.

Incluso, aún en prisión, dice que todavía tiene una deuda social pendiente con los veracruzanos, sin omitir el juicio moral que enfrenta.

También manifiesta que la condena que le dieron de nueve años de cárcel “fue injusta desde el principio” y que a nivel nacional “él está señalado como uno de los más corruptos”.

Recuerda el desalojo que se ordenó en contra de jubilados y pensionados que protestaban por el pago de sus prestaciones en Xalapa.

Ese día, el 23 de diciembre de 2015, durante esa administración estatal se ordenó el uso de la fuerza pública para quitar a los adultos mayores de la calle Enríquez.

Al enfocarse en el fallo en su contra, manifiesta que “no hubiera sido correcto ni justo” que saliera de la cárcel y que “ojalá le acumulen los otros delitos” de los que es señalado.

Duarte debería regresar hasta el último centavo

Señala que el problema no es que el exgobernador salga o no de prisión, “sino el sentido social que esto representa”.

Incluso, al comparar los delitos que cometió y la sentencia que recibió, manifiesta que “quedamos tentados todos entrar nueve años de cárcel y robar cantidades monstruosas de dinero”.

La ley se ha cumplido

Además, manifiesta que “como ciudadana y como mexicana” confía en las leyes y que por ello está segura de que se procedió conforme a derecho en este caso.

Aunque dice que la condena que pagó con cárcel es menor en comparación del desfalcó del erario veracruzano, precisa que finalmente es la pena que le tocó y que deberá concluirla.

“Como representante de mi gremio, lo único que puedo decir es que la administración del exgobernador tuvo un trabajo con la organización, en donde el propio estado aportó el presupuesto para que se pudiera gozar de estabilidad laboral”, agrega.

Sin embargo, reconoce que aún hay un gran sentir entre la sociedad veracruzana y que por ello aún es juzgado moralmente.

Antecedentes de Javier Duarte, el exgobernador que desfalcó del erario veracruzano

Posteriormente, anduvo prófugo, hasta que finalmente se reportó su captura el 15 de abril de 2017 en un hotel ubicado en el municipio de Panajachel, en Guatemala.

Autoridades mexicanas dijeron que Javier Duarte y un grupo de funcionarios de su administración desviaron recursos públicos para la compra de terrenos y propiedades en México y en los Estados Unidos.

En ese entonces, la Procuraduría General de la República le leyó los cargos en su contra, como jefe de una organización criminal que desvió al menos mil 670 millones de pesos de recursos públicos.

Cómo parte del proceso, al exgobernador se le decomisaron alrededor de 40 inmuebles que estaban a su nombre.

En noviembre de 2022, también fue vinculado a proceso por la presunta desaparición forzada de un expolicía. Para noviembre de 2023, se le amplió un año más la medida cautelar de prisión preventiva sobre ese caso.

Sin embargo, al finalizar el plazo legal, en noviembre de 2024, un juez puso fin a ese caso por falta de pruebas.

Al exgobernador le quedan cinco meses para cumplir su sentencia en abril de 2026.

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