CORREO: hectorestradaenlamira@gmail.com
La participación de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública con grupos del crimen organizado para amedrentar a comunidades de la Selva Lacandona fue denunciada penal y públicamente, con lujo de detalle, desde septiembre de 2023. Sin embargo, las autoridades estatales de ese entonces decidieron desestimar los señalamientos y guardar silencio sospechoso.
El avance violento de grupos armados en la Lacandona comenzó a agudizarse durante los últimos cuatro años. Según declaraciones de los propios integrantes de los Bienes Comunales, todo se complicó con la llegada de grupos que comenzaron a apoderarse del control de las pistas de aterrizaje que antes eran utilizadas para tareas de salud, comercio y abastecimiento de insumos básicos.
La resistencia de las comunidades ante el embate de los cárteles terminó con ejecuciones, secuestros, amenazas, el asesinato de animales y el desplazamiento de familias enteras. Y es que, según constan en documentos entregados por las comunidades lacandonas, las denuncias penales ante el Gobierno de Chiapas fueron presentadas formalmente al menos desde hace casi año y medio (el 13 de septiembre y 12 de octubre de 2023).
Así consta también en el documento hecho público por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien en septiembre del año pasado hizo una denuncia pública sobre la cronología de hechos. En la denuncia se narra con precisión el hostigamiento de los grupos armados, coludidos con algunos líderes de zona, que terminó por reventar con la irrupción de los criminales dentro de una asamblea comunal.
“El 29 de marzo de este año, se llevó a cabo una asamblea en la comunidad de Lacanjá Chansayab, en donde autoridades de la subcomunidad en compañía de integrantes del crimen organizado informaron a la asamblea que iban a tomar posesión de nuestras parcelas, casas y propiedades; despojándonos absolutamente de todo nuestro patrimonio comunitario y privado”, se detallaba en la carta entregada al gobierno de Rutilio Escandón.
La amenaza hecha en marzo se materializó finalmente el 13 de septiembre de 2023 cuando grupos armados ingresaron a Lacanjá Chansayab para expulsar a las familias que se negaban a participar en las operaciones criminales. Fueron acorralados por varias horas, por lo que se necesitó de la intervención de organizaciones humanitarias para permitirles escapar del lugar e instalarse en la comunidad de Nueva Palestina donde permanecieron refugiados.
No obstante, las autoridades se negaron a considerarlos como víctimas de desplazamiento forzado para reducir su situación legal a personas en simple “estado de vulnerabilidad”. “La única respuesta y propuesta del gobierno es que nos quedemos en nuestras casas y territorios, que no nos desplacemos, pero eso conlleva el aceptar trabajar para los grupos de delincuencia, sobrevivir extorsionados, pagarles su impuesto como derecho de piso y participar de sus actividades ilícitas”, detallaba el documento.
Desde entonces fueron claros en denunciar abiertamente la participación de la Policía Estatal en las operaciones del crimen organizado dentro de la región. “Bien sabemos que la policía cubre la presencia de estos malechores, hemos observando la participación de la policía estatal en las maniobras del crimen organizado y es por eso que tememos por nuestra seguridad y consideramos que no hay condiciones propicias para garantizar nuestra integridad”, señalaron públicamente, al tiempo de pedir ayuda.
Pero, sólo recibieron silencio e indiferencia de las autoridades estatales… Así, por casi año y medio, desde el desplazamiento forzado, no cesaron en denunciar insistentemente la colusión del crimen organizado y las autoridades de seguridad dentro de su región, en medio de una diferencia institucional que lo dejó en el abandono y la indefensión, como a otras tantas zonas de la entidad.
Por eso la detención de 21 personas este fin de semana, entre ellos un subdirector de la Policía Estatal en la región Selva, tiene relevancia significativa sobre este caso en particular. Y es que, los resultados del operativo no sólo confirman los señalamientos hechos por casi dos años desde las comunidades lacandonas, sino también la evidente complicidad de las autoridades estatales pasadas para permitir el avance de los grupos criminales, a costa de lo que sea… así las cosas.
