A Casandra Arias Torres, de 18 años, hombres armados, identificados como supuestos agentes de la Fiscalía General del Estado, la sacaron por la fuerza de un salón de fiestas en Berriozábal, Chiapas, y no se ha vuelto a saber de ella. Sucedió el 17 de diciembre de 2022 durante la boda de su propia mamá, cuando la pesadilla para toda la familia comenzó.

Ese día, hombres fuertemente armados descendieron de tres camionetas blancas y entraron al salón. Según testigos, portaban chalecos con logos oficiales, estaban encauchados y vestían totalmente de negro. Pidieron violentamente a los invitados que se tiraran al piso y arrebataron los teléfonos y carteras a varios de los asistentes.

En un principio esposaron a diez personas para llevárselas, pero al final las dejaron en la entrada y sólo se llevaron a Casandra, a su novio, a uno de sus tíos y al músico que amenizaba el festejo. El hecho dejó en desconcierto a los asistentes; especialmente a doña Isabel Torres, madre de Casandra, quien no dudó en llamar al 911... Pero la respuesta policial no fue la esperada.

Luego de más de dos horas de llamadas al número de emergencias, elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, la Sedena y algunos municipales se hicieron presentes en el lugar. Sin embargo, no hubo ningún patrullaje de búsqueda inmediata, ni mayor indagatoria en el lugar de los hechos. Los elementos se limitaron a grabar a los denunciantes y a advertir el riesgo que implicaría una denuncian penal contra los secuestradores.

Al día siguiente (18 de diciembre) el músico y el tío de Casandra fueron finalmente liberados con un mensaje para los familiares: sí acudían a las autoridades la jovencita de 18 años sería asesinada. Todo, mientras el presidente municipal de Berriozábal, Jorge Acero, se encargaba de desmentir ante los medios de comunicación las desapariciones forzadas de esa noche, asegurando que todo se había tratado de una simple riña.

Aterrorizada, doña Isabel decidió emprender su propio trabajo de búsqueda en la región y en las redes sociales. Ella y su familia, estaban prácticamente solos, con autoridades ministeriales desentendidas desde el día del secuestro y un gobierno municipal más preocupado por ocultar los hechos.

Desesperada y con miedo decidió finalmente denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía General del Estado el 10 de enero de 2023, pero nada sucedió. Durante meses lo único que obró en la carpeta de investigación fue su declaración. Nada más. No hubo informes completos, ni un trabajo de investigación y búsqueda real.

Así, con el paso del tiempo, se encontró a otras madres y familias con casos similares en Chiapas. Juntas han emprendido desde hace tiempo un proceso de búsqueda a través de las Madres en Resistencia de Chiapas. Y es que, como Casandra, según las propias madres buscadoras, actualmente se estima la existencia de más de dos mil 200 casos vigentes de personas desaparecidas. La mayoría de las desapariciones ocurridas durante los últimos años del sexenio pasado.

Tan sólo entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, en Chiapas se reportaron un total de 3 mil 522 desapariciones, de las cuales 146 personas fueron localizadas sin vida. Y los menores de edad tampoco escaparon al problema. Entre enero y octubre del año pasado se contabilizaron 663 denuncias en Chiapas por desaparición de personas menores de 18 años, que en algunos casos siguen sin aparecer.

Así, las búsquedas tras un sexenio lleno de violencia en Chiapas se han hecho eternas para decenas de familias en Chiapas que, desde los reflectores y el silencio, aún viven la incertidumbre de no saber el paradero de sus desaparecidos. Todo, en medio de un gobierno federal que lamentablemente insisten en desacreditarlos y negar la existencia de un problema que tiene hoy nombres y apellidos en listas dolorosas de búsquedas interminables… así las cosas.