Hecha la ley, hecha la trampa. La elección judicial aprobada por la mayoría morenista dejó recovecos e inconsistencias. Esto permite la intervención ilegal de actores políticos por medios reprobables. Pero el Instituto Nacional Electoral no acierta a dar pie con bola.
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Los famosos acordeones pretenden influir en la determinación del electorado. Es evidente. Es su reforma, sus reglas, sus candidatos y su propósito de construir un estado arbitrario y autoritario. Con el control del Poder Judicial, seremos una dictadura. No habrá institución que defienda las garantías y derechos.
El activismo de Morena a favor de listas preconstituidas de candidatos a jueces y magistrados, se ha expuesto públicamente. No es ningún secreto y sí una actividad ilegal de un partido político y del gobierno que la respalda. Esto sería suficiente para actuar con firmeza en cualquier régimen democrático. Pero no en este.
Al INE corresponde la responsabilidad de coordinar, dirigir y defender la certeza, legalidad y libertad del voto. Hoy no sólo omite su función, sino que avala la serie de trampas que alevosamente promueve el Gobierno Federal. No se prevé cambio alguno en esta actitud complaciente y cómplice.
El proceso electoral judicial no tuvo ningún control, sólo hubo decisiones tomadas de antemano. Los conteos son inciertos. Los consejos distritales son insuficientes para contar tantos votos. No por el número de electores, sino por las combinaciones probables y laboriosidad de la función.
Contar los votos no es una tarea cualquiera. Implica una serie de acciones que consumen esfuerzos físicos, organización, método y tiempo. En palabras de José Ortega y Gasset: “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”.
La realidad del procedimiento es muy complicada, porque debería atender cuestiones legales y prácticas muchas veces inéditas. La cadena de custodia, la certeza de los actos, las actividades, tiempos y movimientos necesarios para poner y quitar de la mesa cada paquete. Un consejo distrital es insuficiente y no garantiza la certeza del resultado.
Ante esta imposibilidad práctica y legal, se impone una solución: las listas aprobadas antes de la elección. Designaciones a cargo de los órganos del Estado. Es decir, del régimen del partido dominante de Morena. Y no descalifico los perfiles, simplemente se trata de la imposibilidad de que provengan de una práctica democrática.
El sistema de vida al que aspiramos los mexicanos, entrará en etapa de agonía. Sólo resta la esperanza de que años de formación, vocación de servicio, honestidad intelectual y responsabilidad personal de los elegidos, den buenos resultados a la administración de la justicia. Esto no es una posibilidad remota.
Existen valores intrínsecos en la personalidad y la naturaleza humanas, que nos llevan a tomar decisiones correctas y a discriminar compromisos vergonzantes. Hay antecedentes de Ministros de la Corte que se sobrepusieron a estos y votaron en conciencia, como los casos de Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara.
Sobre la sustitución del personal judicial profesional, por otra electa por voto popular, Farjat se preguntó: “¿Dónde queda el mérito? ¿Dónde queda la promesa de la cultura de la educación en México? Mis votos son producto del leal saber.” Alcántara, por su parte, fue más críptico: “Tenía que obedecer a la Constitución”.
