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La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) fue creada para defender a los ciudadanos frente a los abusos del mercado. Pero en 2025, con más de 1,415 millones de pesos de presupuesto, su principal producto es el folio del Bienestar. Lo que debería ser un bastión de derechos se ha convertido en un circo que entretiene y engaña. Porque no ha nacido quien defienda lo ajeno. Y menos, que sea funcionario de la PROFECO.
Durante el primer semestre del año, la institución recibió más de 38,000 quejas formales. Sólo el 12.4% derivó en conciliaciones exitosas. El resto terminó en archivo, desistimiento o silencio administrativo. En su plataforma digital Concilianet, el índice de resolución efectiva es aún más bajo: menos del 9%. La defensa del consumidor es, en realidad, una ficción burocrática.
Un caso real ilustra el modus operandi. Un ciudadano presentó reclamación por cobro excesivo de la CFE. A los cinco días, le cortaron el servicio. A los diez, PROFECO radicó la queja. En el ínterin apareció un abogado de una “área revisada y regularizada por PROFECO” que ofreció resolver el problema por $12,000 pesos. Prometía impunidad. La institución hizo mutis. La complicidad es evidente.
En los primeros tres meses de 2025, PROFECO recibió 1,845 quejas contra CFE. En 2024 fueron 7,837. Si apenas el 10% se resolvió favorablemente, hablamos de 783 casos exitosos. Pero también de un negocio paralelo: si las “áreas regularizadas” cobraron en promedio doce mil pesos por caso, se trata de casi $10 millones de pesos de ingresos ilegales que el Código Penal tipifica como extorsión.
La ley prohíbe suspender el servicio durante un procedimiento conciliatorio. Pero CFE presentó dos informes contradictorios: uno negando el corte, otro aceptándolo. Ambos posteriores a la queja. PROFECO no exigió el restablecimiento, no sancionó la falsedad, no investigó la corrupción, no ejerció sus amplias facultades. En resumen, no actuó como procuraduría: se alió con el victimario, no con la víctima.
En 2025, PROFECO presume sanciones de hasta $4.1 millones de pesos por actos que atenten contra la seguridad del consumidor. Pero, ¿cuántas aplica realmente? ¿Cuántas empresas estatales como CFE son sancionadas por falsificar informes o cortar servicios ilegalmente? ¿De qué sirve la ley si la autoridad responsable no la aplica?
Entre 2014 y 2019, PROFECO impuso 89,077 sanciones administrativas, pero solo 4,208 fueron efectivamente cobradas. El monto recaudado fue de $21.8 millones de pesos, una bicoca frente a los $2,180 millones que se habría recaudado si se ejecutan todas. En ese mismo periodo, PROFECO recibió $8,604 millones de pesos del presupuesto. Una carga fiscal sin oficio ni beneficio.
Mantener este boquete presupuestal sólo beneficia a las grandes empresas, no a quienes se supone que debe servir. PROFECO no investiga, no sanciona, no defiende. Gasta millones en operativos, revistas y campañas, pero no puede impedir que las grandes empresas y el propio Estado abusen de los consumidores.
Al revisar esos datos sobre multas de PROFECO en el periodo 2014-2019, estoy entre creer que representa una gran estafa pública, o la verdadera cueva de Alí Babá y sus 400 ladrones. Si es estafa, el gobierno es cómplice por sostenerla con dinero público. Si es una cueva, Alí Babá debe ostentar un cargo de alto nivel de la estructura oficial, desde luego.
Pero es evidente que PROFECO no es garante de derechos. Es un circo institucional con una gran marquesina que atrae a los incautos, y payasos que entretienen al público con formatos como malabares, folios como globos que explotan en el aire y audiencias como trucos de magia. Mientras el proveedor hace, literalmente, su agosto.
Si el gobierno quiere servir al pueblo, debe reformar la PROFECO desde sus cimientos. Y si no puede garantizar su eficacia, la PROFECO debe desaparecer. En esta época de austeridad conviene cancelar gastos inoficiosos que, además, generan sospechas en las instituciones. A menos que sus dividendos no se reflejen en créditos fiscales ni servicio… sino en favores y prebendas.
