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Existen diversos tipos de fraude, pero ninguno como el que medra con el dolor humano. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), alertó por fraudes realizados con pólizas de gastos médicos mayores. Los vincula con el uso de datos personales por terceros, que aprovechan la desesperación de los usuarios de seguros, para convertirlos en víctimas de suplantación de identidad. Algo muy lamentable, pero no menos que la manera en que los montos asegurados en las pólizas se esfuman en pocos días, debido a los altos precios de los servicios hospitalarios.
El sector asegurador es, sin duda, uno de los más fuertes del mundo financiero. Parecería que gran parte de la población mexicana tiene muy arraigada la cultura de la prevención. Y que destinan buena parte de sus ingresos a cubrir las primas no tan accesibles de sus seguros. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, sólo el 22.9% de la población adulta tiene acceso a un seguro privado, porcentaje del cual casi la mitad es de gastos médicos mayores y contra accidentes personales. Esto ilustra la fortaleza del sector y sus grandes posibilidades de crecimiento.
Las cifras que las Aseguradoras pagaron el año pasado fue de más de medio billón de pesos. Las reclamaciones o siniestros reportados en seguros de vida se llevaron la mayor parte. Pero el ramo de accidentes y enfermedades, que básicamente tiene que ver con la salud, no se queda atrás con alrededor de 122,000 millones de pesos. Estos datos millonarios significan -desde el punto de vista de los propios aseguradores- un enorme apoyo financiero a las personas, en los momentos de desgracia, cuando más los requieren. Pero es también un enorme negocio que explota la esperanza y siembra decepción.
Porque a pesar de las cifras, no podemos dejar de lado las experiencias personales a lo largo de la vida. No sólo en cabeza propia, sino también en ajenas. Hemos sido testigos de las carreras y la desesperación de los familiares de las víctimas, en los momentos de premura financiera. Y no me refiero a los fraudes por terceros a los que confiamos nuestros datos personales, es decir, a los que culpa la AMIS. Me refiero básicamente a los familiares que sí cuentan con un seguro cierto y que -según sus expectativas- estarían aprovechando. Ellos asumen confiados al principio la protección de la que gozan. Pero al final terminan incrédulos y decepcionados, al constatar cómo en pocos días se esfuman los montos asegurados.
¿La AMIS dará a conocer algún día las cifras de gastos de los primeros dos días de los asegurados en los hospitales afiliados? ¿El gobierno algún día regulará los precios de las camas sin equipamiento, de los cuartos de hotel de tres estrellas, del servicio de enfermería deficiente y de los pésimos insumos que usan? Porque ahí está el truco. De los precios exorbitantes de los medicamentos en las farmacias de los hospitales o las marcas específicas que exigen, mejor ni hablamos. Dejan muy en claro a los familiares, desde un principio, que estos insumos no se encuentran cubiertos por los seguros.
Las administraciones de los hospitales afiliados a los seguros, tienen como principal interés la firma del voucher de crédito, antes que el bienestar y la atención a los pacientes. Primero aseguran sus ganancias, antes que la salud de sus asegurados. Y no hay hasta el momento regulación alguna aplicable que permita revertir estos abusos. La complicidad se extiende más allá del ámbito privado y de salud, hasta las más altas esferas gubernamentales. La situación que prevalece, los altos precios y el manto de impunidad bajo el cual se cometen estos abusos, no dejan lugar a dudas. Es un negocio más al amparo del poder y la corrupción.
La regulación de estas prácticas es verdaderamente laxa y sólo de carácter formal. Inexistente, sería lo más acertado de decir respecto a la realidad del control de los servicios de salud en los hospitales privados afiliados a los seguros. Se trata de un negocio bastante lucrativo. Aberrante, porque lucra con el dolor y la confianza de las familias. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las “Instituciones de Seguros Autorizadas para Operar el Ramo de Salud” demuestran a través de un informe que ellas mismas elaboran, que “mantienen las condiciones suficientes para continuar operando el ramo de salud”.
Según información pública, “Contralores Médicos” observan el desempeño de las aseguradoras del ramo de salud. Es decir, ni siquiera “observan” los servicios que brindan sus hospitales afiliados. ¿Usted cree, estimado lector, que estas medidas son suficientes para garantizar una mediana atención a los asegurados? ¿Que la voracidad sin límites de los empresarios, comerciantes de medicamentos y administradores de los servicios de salud, puede contenerse por la sola mirada de un grupo de burócratas ávidos también de participar en el pingüe negocio? Las aseguradoras del ramo se manejan a sus anchas, mientras los asegurados se encuentran a la deriva, entre la esperanza y la decepción.
El dolor seguirá siendo una mina de oro que los aseguradores, los burócratas y los mercaderes de la salud seguirán explotando con sabiduría y frialdad. Conocen bien cuánto obnubila y la depresión que ocasiona su presencia. Cuentan a su favor con estos estados de ánimo que impiden el reclamo y provocan la resignación. Que propician el desánimo en vez de la lucha contra la impunidad. La complicidad y la corrupción conocen el viejo truco del tiempo. Pues como dijo George Sand: “El tiempo no suprime los grandes dolores, pero sí los adormece”.