(Agradezco a mi buen amigo Pepín Pariente Serrano su ilustración sobre la frase.)
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El Paquete Económico 2026 del gobierno de Claudia Sheinbaum apuesta a una mayor recaudación fiscal con incrementos que afectarán el consumo popular y los ingresos de los más desprotegidos. Lejos de fortalecer los ingresos de la mayoría, en realidad está diseñada para que el gobierno tenga más dinero a costa de los trabajadores.
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) incrementará los precios de las bebidas saborizadas; los cigarrillos y productos con nicotina; y hasta los permisos migratorios y entradas a museos. Estos incrementos afectan directamente a sectores populares, donde el consumo de estos bienes no es realmente un lujo, sino una compensación.
Hacienda estima una inflación controlada para 2026 de entre 3.5% y 4%, cifra que indudablemente se quedará en buenas intenciones. ¿Porque cuándo nos ha dicho la verdad? Los incrementos tributarios y la eliminación de exenciones, más los precios crecientes de los combustibles, presionará los precios al alza. Pero la celada tributaria no termina ahí:
El salario mínimo general (SMG) ha sido elevado en años recientes como medida de “justicia laboral”. Pero en realidad es una trampa fiscal: sitúa a millones de trabajadores en la lista de ingresos gravables. Los hechos revelan una estrategia regresiva: se grava el consumo popular, se fiscaliza el ingreso mínimo y el gobierno se llena la boca con su “defensa” a los pobres.
El Estado simula fortalecer la economía de los trabajadores, pero en realidad lo que busca es ampliar con ellos su base tributaria. El incremento resulta ficticio, porque no hay una disminución proporcional de las tablas del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Así, el trabajador formal que apenas supera el mínimo será considerado “contribuyente”, mientras los grandes capitales siguen blindados por deducciones y privilegios.
Un trabajador que “gracias” al incremento al salario mínimo gane 10,500 pesos mensuales, paradójicamente será más pobre después de impuestos. Pagará a Hacienda más de 825 pesos mensuales, casi un mes de su salario al año. Si consideramos que son aproximadamente 3 millones de trabajadores, el gobierno planea sacarles del bolsillo, anualmente, un promedio de 30 mil millones de pesos.
La estrategia desnuda es muy simple: el gobierno obliga a los empresarios a pagar un mayor SMG; ese incremento permite que los trabajadores se integren a la base impositiva; el gobierno les quita el incremento y algo más a los trabajadores, vía ISR. Es el silbatazo de salida en una loca carrera entre impuestos, inflación y pueblo, que todos sabemos quién perderá.
Contrario a lo acontecido en los sexenios que el régimen de Morena considera “conservadores” y “neoliberales”, quien a partir del sexenio claudista gane el mínimo, tendrá que pagar ISR. Pagará bienes más caros de consumo popular. Y verá sus ingresos mermados por la carestía que provoca el gobierno con su voracidad impositiva.
No se ve por ningún lado la denominada justicia fiscal. La política laboral y el Paquete Económico 2026 convierten el salario mínimo en herramienta de tributación, ponen impuestos al consumo popular y castigan más severamente el incumplimiento. Incumplimiento que por desconocimiento, desinterés o rebeldía será el pan de todos los días de los nuevos trabajadores contribuyentes.
O como dice la sabiduría popular: “Tras no basta y todavía…” Expresión de frustración, ironía y crítica ante una situación injusta o excesiva. Se usa cuando alguien ya ha recibido un daño, una carga o una injusticia… y encima le añaden algo más. Como los impuestos que los trabajadores tendrán que pagar, paradójicamente, a partir del incremento a su salario.
