Correo: van.3467@gmail.com
Hablar de pobreza en México suele remitir a carencias de vivienda, educación o alimentación, pero poco se habla de la dimensión más silenciosa: La pobreza farmacéutica. Esta realidad emerge cada vez que una familia se ve obligada a destinar una parte creciente de su ingreso a la compra de medicinas, así como cuando el sistema público no logra garantizar el abasto suficiente o en el momento en que el acceso al sector privado se vuelve la única alternativa, aun cuando comprometa la estabilidad financiera del hogar.
El problema no es menor, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), analizada por la organización México Evalúa, el gasto directo de las familias mexicanas en salud —conocido como gasto de bolsillo —aumentó 41% entre 2018 y 2024; lo anterior significa que, cada trimestre, los hogares pasaron de desembolsar en promedio de $1,135.00pesos a más de $1,600.00 pesos.
El principal responsable de este incremento es el gasto en medicamentos, que se duplicó en apenas seis años, de $222.00 pesos por trimestre en 2018 a $480.00 pesos en 2024, un aumento del 116%. Este rubro ya representa el 30% del gasto en salud, cuando antes era solo el 19%; sin embargo, más allá de las cifras, el problema persiste y se vuelve cada vez más profundo: Millones de familias se ven obligadas a decidir entre comer o medicarse, una disyuntiva que revela que en México la mayor expresión de desigualdad y exclusión social es enfermar o morir por no poder hacer frente a una situación de salud.
En otras palabras, de cada $100.00 pesos que se destinan a la salud en México, $43.00 salen directamente del bolsillo familiar, esta proporción es alarmante porque refleja que la seguridad social no está logrando cubrir la demanda básica y que millones de familias deben recurrir a la compra directa para garantizar tratamientos indispensables. La saturación de los servicios públicos, los episodios de desabasto y el encarecimiento del acceso privado agravan esta dinámica y empujan a muchos hogares a una situación límite.
Desde la Fundación RedSalud Internacional hemos comenzado a conceptualizar este fenómeno a través de un “Termómetro de la pobreza farmacéutica”, que busca medir con claridad los niveles de acceso de las familias. El indicador se basa en la proporción del ingreso destinada a medicamentos y en la frecuencia con la que las personas enfrentan interrupciones en su tratamiento por carencias económicas. Así, podemos identificar desde un acceso adecuado —cuando el gasto no supera el 10% del ingreso familiar— hasta un acceso crítico o limitado, cuando más del 30% de los recursos del hogar se destinan a medicamentos o simplemente no hay acceso por desabasto.
Este termómetro permite visibilizar lo que las estadísticas frías no logran mostrar: Que la pobreza farmacéutica no solo empobrece económicamente, sino que erosiona la vida cotidiana, limita la productividad, aumenta la ansiedad familiar y, en los casos más graves, condena a las personas a elegir entre comer o medicarse, en consecuencia, familias con integrantes que padecen enfermedades crónicas son el ejemplo más doloroso de ésta crisis farmacéutica, dado a que, aun con un ingreso modesto, destinan cada mes cantidades que superan su capacidad de pago, se endeudan, interrumpen tratamientos o recurren a la automedicación con consecuencias graves para su salud.
La pobreza farmacéutica es la faz más invisible de la desigualdad en México, toda vez que, si no se mide y no se nombra, seguirá normalizándose como parte del costo de enfermarse, es por ello que hoy tenemos la responsabilidad de marcar un precedente: Construir indicadores que revelen con claridad hasta qué punto los hogares están siendo presionados por la falta de acceso a medicamentos, puesto que solo así podremos incidir en políticas públicas que garanticen un abasto suficiente, fomentar la colaboración con el sector farmacéutico y abrir el debate sobre soluciones solidarias que prioricen la salud como un derecho, no como un lujo.
Hablar de salud no significa únicamente el seguimiento farmacológico, implica tener un diagnóstico correcto, oportuno y asequible, porque las familias enfrentan decisiones que van desde pagar una consulta, realizar estudios de laboratorio o gabinete, y finalmente costear el tratamiento en contraposición a seguir cubriendo cada uno de los gastos básicos de su día a día, tales como son vivienda, transporte y alimentación. En este camino, muchas veces optan por la automedicación o por remedios tradicionales sin controles de calidad ni licencias sanitarias, lo que deriva en un problema de salud pública, provocando enfermedades que se agravan, resistencia antimicrobiana y, en los casos más graves, muertes prevenibles.
Si no atendemos este fenómeno, todos perdemos; una población más empobrecida y sumergida en múltiples carencias, un gobierno debilitado en su obligación de garantizar derechos humanos, especialistas de la salud con pacientes cada vez más deteriorados, y una industria farmacéutica que, a corto, mediano y largo plazo, se enfrenta a un mercado con menos personas capaces de acceder a sus medicamentos.
El termómetro que proponemos, construido sobre bases estadísticas y referencias reconocidas a nivel nacional e internacional, es apenas un primer paso, pero puede convertirse en una herramienta para transformar la conversación. No basta con reconocer que el gasto de bolsillo ha aumentado, necesitamos entender cómo ese gasto golpea de manera diferenciada a las familias más vulnerables y cómo, incluso, arrastra a los sectores medios a un espiral de pobreza farmacéutica que crece día con día, convirtiéndose en un factor de desigualdad y exclusión social. La salud no debería empobrecer, debería ser un indicador de desarrollo, productividad y capacidad social.
Medir la pobreza farmacéutica es, en esencia, un acto de justicia para quienes cargan con el peso más alto de un sistema que aún no logra responder a sus necesidades, asimismo es una llamada de atención a una sociedad que muchas veces desconoce esta realidad así como a una industria que aún no ha puesto la mirada en una problemática que, tarde o temprano, impactará su propia sostenibilidad.
En este contexto, el termómetro busca ser una brújula para todos los sectores vinculados con la salud, porque la solidaridad no consiste únicamente en donar medicamentos por donar, sino que requiere responsabilidad, trazabilidad y un filtro institucional que evite desperdicios, malas prácticas o conflictos de interés. Ahí radica el papel de la Fundación RedSalud Internacional, como garante de que los medicamentos donados lleguen de manera segura, equitativa y efectiva a quienes más los necesitan.
Sin nuestra intervención, oportuna y responsable, las donaciones corren el riesgo de convertirse en desperdicio, malas praxis, comercialización indebida o, incluso, en un problema mayor de salud pública; es por ello que nuestra labor es asegurar que cada donativo sea trazable, llegue al destino correcto y tenga un verdadero impacto social, solo así la colaboración entre industria, sociedad civil y gobierno puede traducirse en soluciones reales y sostenibles que realmente fortalezcan la salud pública.
Lo que hoy proponemos no es solo un indicador, sino una invitación a cambiar la forma en que entendemos y atendemos el derecho a la salud, porque cuando se mide la pobreza farmacéutica, no solo se visibiliza un problema, sino que se abre la posibilidad de construir un país más justo, solidario y con un sistema de salud a la altura de su gente.
