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En la última década, la región ha sido testigo de un incremento sostenido en los flujos migratorios. Crisis políticas, desastres naturales, violencia estructural y desigualdades económicas han empujado a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de refugio. Países como Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua y, más recientemente, Ecuador, han visto partir a miles diariamente. Esta movilidad humana, lejos de disminuir, se ha convertido en un reto constante para los sistemas de protección y asistencia existentes.
De acuerdo con datos de ACNUR y la OIM, más de 22 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en situación de movilidad, lo que las vuelve vulnerables ante la violencia, la trata, el trabajo forzoso y detenciones arbitrarias e inclusive el trafico de órganos. Este contexto, en el que la migración se instala de forma permanente, exige una respuesta coordinada y eficaz para salvaguardar los derechos humanos.
Sin embargo, en medio de este panorama, se ha desatado una crisis silenciosa: la suspensión del financiamiento internacional a las organizaciones civiles que trabajan en la protección de estos derechos. Un informe reciente, elaborado entre enero y marzo de 2025, revela que el 58% de estas organizaciones humanitarias enfrenta un cierre inminente. De las 35 entidades encuestadas, el 86.7% estima que podría cesar operaciones en los próximos seis meses. Además, se ha registrado que algunas han recortado hasta el 75% de su personal, lo cual ha incrementado las tasas de desempleo en un sector vital para la sociedad.
En México, la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es innegable. Con más de 48 mil OSC organizadas en cada rincón del país, estas instituciones sin fines de lucro atienden a un sinfín de causas y generan apoyos, servicios y beneficios a más de 2.9 millones de hogares de los tres deciles con menores ingresos. Gracias a ellas, se han creado más de 800 mil empleos formales y se moviliza a al menos 2.3 millones de voluntarios, lo que representa aproximadamente el 1.48% del PIB nacional. Estos números subrayan el impacto directo que tendría una reducción drástica en el financiamiento, no solo en términos humanitarios, sino también en la estabilidad social y económica del país.
Las consecuencias de estos recortes son inminentes y alarmantes: se traducen en puertas cerradas para mujeres víctimas de violencia, niños y adolescentes en riesgo, personas solicitantes de asilo, apoya en desastres naturales, comunidades LGBTTI, a pacientes con enfermedades no transmisibles, entre muchas otras. La asistencia médica, psicológica, legal y alimentaria, pilares fundamentales para garantizar una vida digna, están en peligro. Esta interrupción en la red de apoyo básica podría desencadenar un aumento en los delitos, retrocesos en derechos humanos, impunidad e incluso la propagación de narrativas discriminatorias que deterioren aún más el tejido social.
Por ello, es imprescindible un replanteamiento de las prioridades presupuestales que involucre a gobiernos, empresas y organismos multilaterales. Las OSC representan un pilar para transformar a México en un país más sostenible, participativo e inclusivo. Desde la óptica empresarial, la inversión en derechos humanos y en la continuidad de estas redes de asistencia no se ve como un gasto, sino como una apuesta estratégica para garantizar un futuro de estabilidad y crecimiento.
Este momento crucial exige algo más que solidaridad: requiere acción concreta. Las empresas, los gobiernos y la sociedad civil pueden —y deben— comprometerse mediante donaciones, recursos tecnológicos, infraestructura y talento. Al unir esfuerzos con el sector público y la sociedad civil, se podrán implementar estrategias de recaudación de fondos, diversificación de fuentes de financiamiento y campañas de incidencia que fortalezcan la red de protección social.
Además, la participación multisectorial aboga por un diálogo permanente que permita implementar medidas preventivas e innovadoras. Al promover espacios de intercambio y colaboración, tanto el sector privado como el público podrán co-crear proyectos que no solo mitiguen los efectos de esta crisis, sino que también garanticen la resiliencia de las comunidades en el largo plazo.
La pregunta ya no es si habrá consecuencias ante el recorte de financiamiento; la cuestión es quiénes estarán dispuestos a actuar cuando ya no quede nadie para cuidar a los más vulnerables. La crisis humanitaria no es un suceso que esté por venir: ya está aquí, y sus efectos se sentirán en todos los sectores. En este contexto, la corresponsabilidad y la colaboración son fundamentales para no socavar el tejido social que sostiene a nuestra nación.
Hoy, más que nunca, hacemos un llamado a la acción. Que gobiernos, empresas y ciudadanos se sumen a este esfuerzo por mantener viva la red que protege la dignidad humana. La estabilidad y el desarrollo de nuestras comunidades, y por ende de nuestra economía, dependen de ello.
